El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) ha emitido un informe en el que denuncia la anulación de pasaportes a periodistas, defensores de derechos humanos y activistas en Venezuela, señalando que estas acciones se inscriben en un patrón sistemático de represión y control social por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
En su reciente informe, Cejil documentó al menos 40 casos de anulación de pasaportes ocurridos entre julio y agosto de 2024, coincidiendo con un período de movilización ciudadana en torno a las elecciones presidenciales. Muchos de los afectados solo se enteraron de la anulación al intentar salir del país o renovar su documento.
“El Estado ha adoptado esta práctica como otra herramienta para inhibir el debate público, la denuncia de violaciones de derechos humanos y la libre circulación de quienes considera disidentes”, se lee en el informe de Cejil.
Los casos presentan un patrón común: las personas afectadas no reciben notificación formal ni decisión administrativa que explique las razones de la anulación. Tampoco cuentan con garantías de acceso a la justicia ni al debido proceso. Entre los afectados se encuentran periodistas, defensores de derechos humanos, sindicalistas, académicos, artistas y activistas sociales. En algunos casos, también se han anulado los pasaportes de los familiares directos, incluidos menores de edad.
Esta táctica impacta derechos fundamentales como la libertad de expresión, el derecho al trabajo y la movilidad, generando efectos profundos en el ámbito familiar y profesional, según Cejil.
Cejil alerta sobre la participación de funcionarios del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en estas acciones represivas. Existen testimonios de interrogatorios irregulares, revisión de celulares, confiscación de pasaportes y detenciones prolongadas sin explicación.
Las reclamaciones ante la Defensoría del Pueblo o sedes regionales del Saime no han obtenido respuesta. A nivel internacional, la situación se agrava por la falta de representaciones diplomáticas activas de Venezuela.
Cejil subraya que la anulación de pasaportes busca disuadir el activismo y la participación pública. Esto forma parte de una política de represión sistemática que vulnera el marco normativo nacional e internacional. La organización exhorta a la comunidad internacional y a los organismos multilaterales a intervenir para mitigar estos efectos, fortalecer las políticas migratorias en apoyo a las víctimas, y exigir al Estado venezolano el respeto a los derechos fundamentales.
Cejil también solicita la reversión de las anulaciones injustificadas y la garantía del debido proceso administrativo y judicial en todos los casos relacionados con documentos de identidad y movilidad.
Espiga Noticias