Desde hace casi un año, Mirbelis González entra cada miércoles en una celda oscura, sin luz natural, sin retrete ni agua corriente para visitar a su hermano, Ángel Gabriel González, un adolescente de 17 años detenido en una comisaría del estado La Guaira.
El Ministerio Público venezolano acusa a Ángel Gabriel de terrorismo, incitación al odio, daños al patrimonio y obstrucción de las vías públicas, delitos que podrían implicar hasta diez años de prisión. Estas acusaciones están relacionadas con el derrumbe de una estatua del expresidente Hugo Chávez ocurrido el 29 de julio de 2024, durante una ola de protestas que siguieron a las controvertidas elecciones presidenciales en las que Nicolás Maduro fue proclamado ganador.
Según cuenta Mirbelis a BBC Mundo, su hermano no participó en los hechos. Fue detenido días después de las protestas, el 8 de agosto de 2024, cuando funcionarios de la policía acudieron a la casa de su padre a buscarlo. Bajo amenaza de arrestar también a su padre, la familia decidió acompañar a Ángel Gabriel voluntariamente a una sede policial para aclarar su situación. Sin embargo, según denuncia Mirbelis, Ángel fue torturado: “Le pusieron una bolsa en la cara y lo tiraron boca abajo. Lo asfixiaron hasta que botó sangre por la nariz. Lo obligaron a decir que era culpable”.
Desde entonces, Ángel permanece recluido en condiciones precarias junto a otros adolescentes. La celda carece de luz natural, no tiene retrete sino una letrina entre dos paredes y una cortina, y no hay agua corriente. La familia debe llevar agua potable, alimentos y medicamentos para él en cada visita, que solo puede hacer su hermana o su tía.
El contexto político que rodea esta detención es complejo. Tras las elecciones de 2024, la oposición venezolana denunció fraude y reclamó la victoria del candidato Edmundo González, lo que desencadenó numerosas protestas en 20 de los 23 estados del país, en las cuales fueron atacadas al menos cinco estatuas de Hugo Chávez, incluyendo la de La Guaira. Estas manifestaciones dejaron 28 muertos y más de 2.200 detenidos, de los cuales al menos 114 eran menores de edad, según organizaciones civiles como Foro Penal.
A nivel internacional, organismos como Amnistía Internacional y la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela han documentado violaciones graves a los derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también ha expresado su preocupación por el uso excesivo de la fuerza durante las protestas postelectorales.
El caso de Ángel Gabriel refleja la situación de cientos de detenidos políticos en Venezuela. Para mediados de 2025, Foro Penal reportaba 948 personas arrestadas por razones políticas, entre ellos menores de edad. A pesar de promesas de excarcelaciones, su familia aún espera que Ángel sea liberado.
Mirbelis recuerda que su hermano está agotado física y emocionalmente, y teme por su salud. “Él dice que está cansado de vivir, que a veces no quiere levantarse más”, comenta. A pesar de ello, ella le insiste en mantener la esperanza.
La familia González también ha sufrido la pérdida de su madre, fallecida un año antes de la detención de Ángel, y la distancia por el nacimiento del hijo de Ángel, a quien el joven no ha podido conocer debido a las restricciones en la prisión.
Hasta ahora, el gobierno venezolano no ha respondido a solicitudes de entrevista ni ha reconocido que estas detenciones tengan motivaciones políticas. Por su parte, el fiscal general Tarek William Saab ha defendido que las detenciones respondieron a hechos de violencia y aseguró que las acciones de la oposición buscaban desestabilizar al país.
Mientras tanto, la familia González sigue luchando por la libertad de Ángel Gabriel, con la esperanza de que pronto pueda salir de ese calvario.
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