La organización no gubernamental PROVEA (Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos) ha emitido una contundente denuncia sobre la situación de cuatro adolescentes venezolanos, quienes permanecen detenidos acusados de terrorismo sin acceso a un juicio justo y en condiciones de aislamiento. Los jóvenes, Gabriel Rodríguez (16), Ángel González (17), Abraham Rivero (16) y Lusneidel Zuñica (17), según sus familiares y PROVEA, han sido víctimas de detenciones de índole política, las cuales carecen de base legal y violan múltiples instrumentos de derechos humanos tanto nacionales como internacionales.
Los casos documentados por PROVEA revelan un patrón preocupante de detenciones arbitrarias y vulneraciones al debido proceso. Gabriel Rodríguez, de 16 años, fue arrestado el 9 de enero en Cabudare, Lara, por la Guardia Nacional, acusado sin pruebas de tener «pinta de guarimbero» y sin orden judicial mientras salía de su trabajo. Por otro lado, Ángel González (17), Abraham Rivero (16) y Lusneidel Zuñica (17) fueron detenidos en La Guaira en el contexto de protestas postelectorales. Todos ellos han sufrido incomunicación, presiones para autoincriminarse y han sido presentados ante tribunales sin la debida asistencia legal o sin evidencia de flagrancia o una orden judicial previa. Abraham Rivero, en particular, ha enfrentado al menos 14 audiencias «viciadas», con versiones contradictorias de los funcionarios involucrados.
Estas acciones contravienen los principios fundamentales de un sistema de justicia transparente y garantista. PROVEA enfatiza que estas detenciones y las condiciones en las que se encuentran los adolescentes constituyen una grave violación de la legislación venezolana e internacional. La Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA), en su Artículo 37, prohíbe explícitamente el aislamiento, la incomunicación y la tortura, estableciendo la privación de libertad como una medida excepcional y por el menor tiempo posible.
Asimismo, el Artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela garantiza el derecho de toda persona detenida a comunicarse con sus familiares y abogado, y prohíbe las detenciones sin orden judicial o flagrancia. A nivel internacional, el Artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño es categórico al prohibir la detención arbitraria de cualquier menor, así como la tortura y los tratos crueles.
La denuncia de PROVEA no solo visibiliza la crítica situación de Gabriel, Ángel, Abraham y Lusneidel, sino que también sirve como un llamado urgente al Estado venezolano para que cese la persecución de adolescentes por motivos políticos y garantice el cumplimiento de la ley. La organización exige la liberación inmediata de estos jóvenes y el cese de las prácticas que vulneran los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, instando a las autoridades a respetar el debido proceso y las garantías constitucionales e internacionales. La protección de la infancia es un deber ineludible del Estado y una prioridad para cualquier sociedad democrática.
Espiga Noticias