Un informe internacional del Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (Proledi) de la Universidad de Costa Rica ha revelado que más de 900 periodistas han sido forzados al exilio en Latinoamérica, siendo Cuba, Venezuela y Nicaragua los países de origen del 92% de estos casos.
El estudio, titulado «Voces desplazadas: radiografía del exilio periodístico latinoamericano», abarca el periodo entre 2018 y 2024 y detalla que 913 periodistas de 15 países de la región se vieron obligados a abandonar sus naciones debido a la represión, la persecución y el cierre de espacios cívicos. La investigación señaló que estas medidas extremas se tomaron para proteger sus vidas, su seguridad y la de sus familias.
Además de los tres países mencionados, el fenómeno afecta a comunicadores de Guatemala (19 periodistas desplazados), Ecuador (13), Haití (diez) y El Salvador (diez). Las razones principales que impulsan este desplazamiento incluyen la persecución política y estatal y las amenazas del crimen organizado y de otros actores corruptos.
El estudio indica que en países como Venezuela, Nicaragua, Cuba o El Salvador, la persecución está liderada por el Poder Ejecutivo. La falta de mecanismos efectivos de pesos y contrapesos democráticos facilita el uso de instituciones estatales para hostigar y criminalizar a la prensa. Las restricciones legales, las campañas de desinformación, el acoso digital y las detenciones arbitrarias son técnicas comunes que obligan a los periodistas a exiliarse.
En Cuba, el proceso se inicia frecuentemente con visitas de funcionarios públicos que amenazan a los periodistas con investigaciones y encarcelamiento si no abandonan el país.
En cuanto a los destinos, los periodistas desplazados se han establecido principalmente en países latinoamericanos como Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, México y también en EEUU y España. Canadá se está convirtiendo en un nuevo lugar de acogida emergente para estos profesionales. La elección del país receptor depende de factores como la nacionalidad, la presencia de redes de apoyo o la posibilidad de obtener un estatus migratorio que les permita trabajar legalmente.
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