Erik Prince, conocido empresario estadounidense y fundador de la controversial compañía militar Blackwater, ha emergido como una figura notable en América Latina debido a sus servicios de seguridad privada para gobiernos que enfrentan crisis de violencia e inseguridad.
En Ecuador, un país que actualmente enfrenta una ola de violencia sin precedentes, el presidente Daniel Noboa ha establecido una alianza estratégica con Prince desde marzo. La empresa de Prince asesora y entrena a las fuerzas de seguridad ecuatorianas en un contexto de estado de excepción debido al control de bandas criminales. El Ministerio de Defensa ecuatoriano ha confirmado la colaboración de Prince y su equipo con la Policía y las Fuerzas Armadas, aunque el alcance completo de sus funciones permanece sin esclarecer.
En Haití, un país donde las bandas criminales controlan gran parte de la capital, empresas vinculadas a Prince han sido contratadas para realizar operaciones letales. Según The New York Times, estas acciones han involucrado el uso de drones y mercenarios, resultando en reportes de cientos de muertes. No obstante, no existe confirmación directa sobre la participación de las empresas de Prince en estos ataques. Prince ha negado operar fuera de la ley y sostiene que actúa bajo la autoridad del gobierno haitiano.
El empresario también ha mostrado interés en Perú, reuniéndose con fuerzas de seguridad y empresarios del sector minero para ofrecer soluciones contra la minería ilegal. En El Salvador, Prince visitó la megacárcel del presidente Nayib Bukele y propuso al gobierno de Estados Unidos coordinar deportaciones masivas de migrantes con antecedentes criminales.
A pesar de la expansión de sus servicios, el uso de contratistas privados no está exento de críticas. Expertos señalan que, si bien pueden ser útiles para operaciones tácticas, no abordan las causas subyacentes de los problemas de seguridad y pueden causar una dependencia que socava las instituciones estatales. Además, estas empresas no están sujetas a los mismos estándares legales ni de derechos humanos que las fuerzas estatales, lo que genera preocupaciones significativas. Según James Bosworth, analista de riesgo político, «son útiles para operaciones tácticas, pero no fortalecen las capacidades estratégicas de los Estados». Sean McFate, experto en seguridad internacional, añadió que «estos actores no le deben lealtad al Estado, sino al dinero».
En un contexto donde la confianza en empresas locales ha sido minada por la infiltración del crimen organizado, varios países han optado por contratar a entidades extranjeras, viendo en Prince una opción rápida y «confiable», aunque su historial internacional sigue generando dudas.
El Nacional