Durante la investigación, se identificaron un total de 38 potenciales víctimas, de las cuales seis han sido declaradas testigos protegidos. En la operación policial, han sido detenidas siete personas, seis hombres y una mujer, de nacionalidades búlgara, rumana y colombiana.
El origen de la investigación se remonta a la denuncia realizada el año pasado por una mujer en Gandía, quien aseguró haber sido víctima de trata de seres humanos con fines de explotación sexual. La red tenía planes de expandir sus operaciones abriendo nuevos pisos de prostitución en la misma localidad.
Los implicados de origen colombiano, una pareja, eran los responsables de reclutar mujeres desde su país de origen bajo la promesa de ganancias significativas. A las víctimas se les obligaba a trabajar las 24 horas del día, los siete días de la semana, sin la posibilidad de negarse a atender a los clientes o a realizar servicios sexuales. Además, eran forzadas a consumir sustancias estupefacientes con los clientes si estos lo solicitaban. La organización también ofrecía potenciadores sexuales a quienes los solicitaran.
En paralelo, se investiga un presunto caso de blanqueo de capitales, ya que se sospecha que la organización realizaba transacciones financieras de origen dudoso utilizando monederos virtuales de criptomonedas. Los fondos generados eran probablemente desviados a países como Bulgaria. Los implicados figuraban como autónomos en actividades aparentemente legales, como talleres mecánicos, para lavar los beneficios obtenidos de la prostitución.
Los detenidos, de edades comprendidas entre 35 y 54 años, se enfrentan a acusaciones de delitos relacionados con la trata de seres humanos, blanqueo de capitales, tráfico de drogas, detención ilegal, y delitos relativos a la prostitución y contra ciudadanos extranjeros.
EFE