En un nuevo capítulo de represión en Venezuela, las acciones contra sindicalistas y defensores de la sociedad civil han generado preocupación. En menos de 48 horas, dos líderes sindicales fueron detenidos. Durante un discurso dirigido a maestros el 14 de agosto, el presidente Nicolás Maduro hizo un llamado a “trascender las estructuras burocráticas del sindicalismo tradicional”.
La misma noche del discurso, Roberto Campero, presidente de Sitraenseñanza en Aragua, fue arrestado en su vivienda en Turmero por funcionarios que no presentaron orden judicial. Al día siguiente, Rusbelia Astudillo, abogada e integrante de la Federación de Jubilados y Pensionados, también fue detenida. Esta información fue reportada por La Hora de Venezuela, una alianza informativa de Connectas.
Eduardo Sánchez, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la UCV, describió estas acciones como una “represión inaudita” que afecta a todos los sectores. José Elías Torres, presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, denunció la “satanización” de los trabajadores por reclamar sus derechos, afirmando que estas acciones violan convenios internacionales como el 87 de la Organización Internacional del Trabajo sobre libertad sindical.
Desde marzo, al menos nueve sindicalistas han sido detenidos, con acusaciones que incluyen “incitación al odio” y “asociación para delinquir”. Las denuncias de hostigamiento y persecución también se extienden a otros cuatro sindicalistas protegidos por medidas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El sociólogo Rafael Uzcátegui, codirector del Laboratorio de Paz, señaló que las detenciones de sindicalistas reflejan un patrón similar al aplicado a activistas de la sociedad civil. Destacó las desapariciones forzadas de corta duración, restricciones al acceso a abogados y visitas familiares, además de cobros ilegales para garantizar condiciones mínimas de reclusión.
Mientras tanto, organizaciones sindicales aseguran que mantendrán la protesta pacífica y la defensa de los derechos laborales. “No nos rendimos, vamos con las herramientas que tenemos en la mano, que no es otra cosa que la institucionalidad”, sostuvo José Elías Torres. La situación ha sido presentada ante la OIT y la CIDH, aunque los procesos de respuesta suelen ser prolongados.
El Nacional