El Gobierno de Estados Unidos está considerando una serie de medidas contra el régimen del presidente venezolano, Nicolás Maduro, con el objetivo de «mostrar las consecuencias de sus actos», en respuesta a la reciente orden de arresto contra el opositor Edmundo González Urrutia.
El lunes, la Fiscalía venezolana solicitó a un tribunal especializado en delitos de terrorismo que emita una orden de arresto contra González Urrutia, quien es candidato de la principal coalición opositora. Las acusaciones incluyen «usurpación de funciones» y «forjamiento de documento público» en relación con las actas electorales de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
La solicitud de arresto se produjo tras tres citaciones previas a González Urrutia, quien optó por no presentarse, argumentando que no reconocía los cargos que le imputaba el Ministerio Público.
John Kirby, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, confirmó que Estados Unidos está evaluando varias opciones para sancionar al régimen venezolano en coordinación con sus aliados internacionales. «Estamos considerando una variedad de acciones para demostrar al señor Maduro y a sus representantes que sus decisiones y actos en Venezuela tendrán consecuencias», declaró Kirby en una conversación con medios de comunicación.
Kirby también destacó que estas acciones son parte de un enfoque más amplio para enfrentar las recientes medidas del gobierno venezolano, incluida la orden de arresto contra González, a quien se le acusa de incitar a la violencia, un cargo que Washington considera infundado. «Este es solo otro ejemplo de los esfuerzos del señor Maduro por mantener el poder a través de la fuerza y negar la realidad de que el señor González ganó la mayoría de los votos en las elecciones del 28 de julio», agregó Kirby, sin especificar las formas exactas que tomarán estas posibles medidas.
En días recientes, Estados Unidos intensificó su presión sobre el régimen de Maduro con la confiscación del avión oficial del presidente venezolano. La aeronave, un Dassault Falcon 900EX, fue retenida en la República Dominicana y trasladada a Florida bajo alegaciones de que fue adquirida ilegalmente por 13 millones de dólares. El Gobierno venezolano ha calificado este acto como una «práctica criminal» y ha anunciado su intención de buscar reparación legal.
En abril, Washington había reimpuesto parcialmente sanciones sobre el petróleo y gas venezolano tras la inhabilitación de la candidata opositora María Corina Machado, argumentando que Maduro había incumplido sus compromisos electorales.
Estas acciones subrayan el continuo enfoque de Estados Unidos en presionar al régimen venezolano mientras busca una solución a la crisis política que afecta al país sudamericano.
