Nicolás Maduro y su círculo más cercano enfrentan nuevamente procesos judiciales en Estados Unidos, donde se les acusa de dirigir una red de «narcoterrorismo, secuestro y tortura». La Fiscalía estadounidense describe al oficialista no como jefe de Estado, sino como la cabeza de un “entramado criminal comparable a un cartel”, en el que participan altos funcionarios, mandos militares y empresas estatales.
Durante el mandato del presidente Joe Biden, varios de estos casos quedaron en pausa en favor de las vías diplomáticas, según reporta el diario ABC. Sin embargo, la reapertura de los expedientes judiciales ahora detalla cómo esta estructura habría utilizado puertos y aeropuertos controlados por el Estado venezolano para enviar cocaína a Estados Unidos, en coordinación con las FARC.
En una corte de Miami, las familias Kenemore y Marval, junto con Jason Saad, han presentado una demanda contra Maduro y varios de sus colaboradores bajo la Ley Antiterrorista Federal y de Florida. Alegan que fueron secuestrados entre 2020 y 2023 como represalia por la extradición de Alex Saab, señalado como testaferro del oficialismo, permaneciendo cautivos entre 123 y 643 días.
El escrito judicial imputa responsabilidades al Cartel de los Soles, integrado por mandos militares, y también a la estatal Pdvsa y su filial CVP, las cuales, según la acusación, sirvieron como herramientas de blanqueo de capitales. Entre los acusados se incluyen figuras prominentes del chavismo: Diosdado Cabello, Tarek William Saab, Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.
Las demandas en Florida añaden un agravante a los cargos por narcotráfico, denunciando el uso del “secuestro y la tortura de rehenes” como tácticas de presión hacia Washington. Estos casos sitúan a Maduro y sus aliados más cerca de enfrentar a la justicia estadounidense.
Maduro enfrenta procesos en dos estados: en Nueva York, la Fiscalía lo acusa de ser el líder del Cartel de los Soles y de inundar el mercado estadounidense con cocaína, mientras que en Florida, las víctimas lo responsabilizan directamente por “secuestros y torturas”. Aunque los procedimientos judiciales son distintos, ambos comparten la tesis de que el Estado venezolano se transformó en el soporte de una “organización criminal transnacional”.
Simultáneamente, Estados Unidos ha intensificado la presión militar en el Caribe. En agosto, Donald Trump autorizó el despliegue de tres destructores Aegis frente a las costas de Venezuela, marcando la primera maniobra de este tipo en la región desde 2020. Washington justificó la acción como parte de su estrategia para contrarrestar al narcotráfico y a las redes criminales venezolanas, calificándolas como amenazas terroristas.
Las investigaciones en EE.UU. describen al Cartel de los Soles como una red de jerarcas civiles y militares, con Diosdado Cabello emergiendo como uno de los principales operadores, vinculado a la organización de envíos de drogas y garantizando protección política y militar a las FARC. El Departamento del Tesoro ya lo ha sancionado, y enfrenta cargos de narcoterrorismo en Nueva York.
Los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez también figuran en la acusación, habiendo facilitado presuntamente operaciones de lavado de dinero y blindaje al gobierno de Maduro. La demanda en Florida asegura que su papel fue crucial para sostener la estructura financiera y diplomática del Cartel de los Soles, que opera como una corporación criminal transnacional.
Entre los implicados se encuentran militares chavistas como Hugo “el Pollo” Carvajal y el general Clíver Alcalá Cordones, quienes ya han admitido su colaboración con las FARC y el tráfico de cocaína. También involucra a Tareck el Aissami, exvicepresidente y exministro de Petróleo, acusado de usar Pdvsa para rutas de cocaína y lavado de dinero.
Con estas nuevas acusaciones, las autoridades estadounidenses buscan cerrar el cerco judicial en torno a Maduro y sus aliados, señalando profundos vínculos entre el régimen venezolano y actividades criminales transnacionales.
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