Un reciente informe publicado por la organización Prisoners Defenders ha revelado que el gobierno de Cuba utiliza a aproximadamente 60.000 prisioneros como mano de obra esclava para fines económicos. Los prisioneros son obligados a producir bienes como carbón, productos agrícolas y tabaco, los cuales se exportan principalmente a países europeos como España, Portugal, Italia, Grecia y Turquía.
El informe detalla que estos trabajos forzosos son impuestos a la población penal, que asciende a 90.000 prisioneros, con fines punitivos. La organización ha documentado que un 94,34% de los 53 prisioneros entrevistados fueron forzados a trabajar bajo condiciones brutales, a menudo padeciendo enfermedades que dificultan su capacidad laboral. Entre las labores se incluyen el trabajo en la producción de carbón, el corte de caña de azúcar, la agricultura y la construcción, esta última frecuentemente para construir viviendas particulares para los mandos de la seguridad del Estado dentro de las prisiones.
Prisoners Defenders informa que los prisioneros realizan una carga laboral promedio de 63,06 horas semanales, distribuidas en jornadas de 6 a 7 días por semana y una media de 10 horas diarias. El 98,11% de los prisioneros reportó la falta de suministro de medicamentos, tratamientos médicos y seguimiento adecuado para sus dolencias.
Las condiciones también han afectado a las mujeres, quienes denunciaron ser víctimas de acoso y violencia sexual. Según el informe, la legislación cubana permite y regula el trabajo forzoso, aplicando castigos como la pérdida de visitas o el traslado a prisiones de máxima seguridad para aquellos que se niegan a participar.
Prisoners Defenders concluye que esta práctica es un componente estructural del sistema penitenciario cubano y constituye una violación de los derechos humanos y del derecho laboral internacional. La organización hace un llamado a la comunidad internacional para que se aborden estas violaciones en Cuba.
Este reporte subraya la necesidad de una atención urgente y medidas correctivas por parte de las autoridades cubanas y organismos internacionales para salvaguardar los derechos de las personas encarceladas en la isla.
Espiga Noticias