En un mensaje difundido en la red social X, el secretario del departamento de guerra de Estados Unidos Pete Hegseth, lanzó una advertencia tajante contra las organizaciones de narcotráfico, a las que calificó de “narco-terroristas” y de “enemigos” que llevan muerte a las costas estadounidenses. “We will track them, kill them, and dismantle their networks throughout our hemisphere — at the times and places of our choosing”, dijo el funcionario en su publicación.
La publicación fue acompañada por una declaración de la Casa Blanca, atribuida al presidente, en la que se anunciaba que las fuerzas militares estadounidenses habían realizado “un segundo ataque cinético” contra individuos identificados como narcoterroristas en aguas internacionales. Ese comunicado —que, según el texto, resultó en la muerte de tres hombres— describe las drogas transportadas como “un arma mortal que envenena a estadounidenses” y agrega un llamado directo: “SI ESTÁN TRANSPORTANDO DROGAS QUE PUEDEN MATAR A AMERICANOS, ¡LOS ESTAMOS CAZANDO!”.
La frase del secretario —traducida y repetida en la comunicación oficial— configura el discurso más duro del gobierno estadounidense en relación con el combate al narcotráfico en los últimos meses. Al prometer que no se detendrán “en nada” para defender la patria y a sus ciudadanos, las autoridades estadounidenses dan por hecho el uso de fuerza activa y operaciones militares orientadas a desarticular redes que operan en la región.
Expertos en derecho internacional consultados por medios internacionales suelen recordar que las operaciones militares fuera del territorio propio —incluso en aguas internacionales— plantean interrogantes sobre la competencia jurisdiccional, la ratificación de inteligencia que justifique los ataques y la necesidad de coordinación con los Estados cuya soberanía pudiera verse afectada.
Por el momento, las comunicaciones oficiales no precisan la ubicación exacta de la operación ni si hubo coordinación con gobiernos locales o autoridades regionales. Tampoco se han publicado pruebas públicas que vinculen a los abatidos con grupos terroristas más allá de la calificación empleada por Washington.
Analistas en seguridad advierten que, si bien la contundencia puede tener un efecto disuasorio, la escalada en el uso de la fuerza acarrea riesgos de mayores tensiones diplomáticas y posibles daños colaterales. Organizaciones de derechos humanos y organismos multilaterales suelen exigir transparencia sobre objetivos, reglas de enfrentamiento y mecanismos de verificación independientes para evitar abusos y civiles afectados.
A la espera de pronunciamientos formales de gobiernos de la región, es probable que países con históricas disputas con Washington o con presencia de organizaciones criminales pidan aclaraciones y pruebas sobre la legalidad y la necesidad de tales operaciones.
Qué Falta por Confirmar
Lugar exacto y contexto de la acción militar mencionada (coordenadas, aguas internacionales frente a qué país, si hubo avisos previos a terceros).
Evidencia pública que respalde la calificación de los objetivos como “narco-terroristas”.
Si hubo cooperación o notificación a gobiernos regionales o a organismos internacionales.
Posible respuesta oficial de países de la región y organismos como la OEA o Naciones Unidas
Espiga Noticias
Narco-terrorists are enemies of the United States — actively bringing death to our shores.
— Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) September 15, 2025
We will stop at nothing to defend our homeland and our citizens.
We will track them, kill them, and dismantle their networks throughout our hemisphere — at the times and places of our… https://t.co/abOWXe2afE
