Amnistía Internacional alertó sobre los presuntos traslados de presos políticos desde la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), conocida como El Helicoide, hacia la cárcel Yare II, un centro penitenciario señalado por sus condiciones de reclusión extremas. La organización expresó su preocupación por la situación, particularmente por el caso del abogado laboralista Eduardo Torres, miembro de la ONG Provea, detenido desde mayo en circunstancias denunciadas como irregulares.
La alerta surge tras informes de que al menos diez presos políticos han sido trasladados desde El Helicoide hasta Yare II. Entre ellos se encuentra Eduardo Torres y el joven tachirense Raúl Hevia, quien fue detenido el 5 de mayo en su residencia de San Cristóbal por hombres armados vestidos de negro. A Torres, por su parte, se le vio por última vez el 9 de mayo en Caracas. Su desaparición fue denunciada como forzada hasta que el fiscal general lo vinculó con una supuesta trama para desestabilizar las elecciones del 25 de mayo.
María Beatriz Martínez, presidenta del partido Primero Justicia, elevó a quince el número de detenidos trasladados. Expresó su preocupación por el deterioro de las condiciones en Yare II, citando denuncias de familiares sobre mayores restricciones, dificultades para recibir alimentos y limitaciones en la comunicación. «La mayoría de esos quince son presos políticos. Uno puede anticipar que se incrementa la presión, de cámaras adentro, y la imposibilidad de que se comuniquen o reciban sus alimentos», declaró Martínez en una entrevista con el periodista Enler García.
Organizaciones como el Foro Penal y el Instituto Casla también han denunciado traslados irregulares en las últimas semanas, advirtiendo que se realizan sin notificación a familiares ni abogados, vulnerando así derechos fundamentales. Alfredo Romero, director de Foro Penal, alertó que esta práctica agrava la situación de indefensión de los presos políticos.
Amnistía Internacional, a través de un mensaje difundido en X, exigió la liberación de Torres y de todas las personas privadas de libertad por motivos políticos, señalando la urgencia de atender las condiciones de reclusión en Yare II.
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