Organizaciones cubanas exigen a la UE revisar su política hacia la Isla

Espiga Noticias webmaster
Publicada: septiembre 20, 2025

Una treintena de organizaciones de la sociedad civil cubana ha solicitado al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) una revisión urgente del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (ADPC) entre la Unión Europea (UE) y el régimen cubano. La petición se formalizó mediante una carta enviada el miércoles, en respuesta a la defensa del acuerdo realizada por el SEAE en julio pasado.

Las organizaciones firmantes de la misiva destacan que el ADPC no ha sido eficaz para promover cambios estructurales en Cuba, señalando que su implementación solo legitima al gobierno de La Habana. «Insistimos en que una política exterior que se limite a preservar un marco diplomático sin exigir reformas sustantivas desconecta a la Unión Europea de los ciudadanos cubanos», afirman, subrayando la necesidad de medidas concretas de responsabilidad internacional, como sanciones individuales bajo la Ley Magnitsky europea.

El documento instiga a la UE a adoptar una política que incorpore parámetros claros de condicionalidad democrática y que asegure la participación oficial de la sociedad civil independiente en el diálogo de derechos humanos. Además, los firmantes advierten sobre la complicidad del Estado cubano en la agresión rusa a Ucrania.

Entre los firmantes se encuentra Carolina Barrero, activista y directora de Ciudadanía y Libertad, quien declaró que la carta «refleja un consenso plural, cohesionado y significativo que las autoridades europeas no deberían ignorar». Asimismo, Elena Larrinaga, de la Red Femenina de Cuba, señaló que el ADPC, inicialmente concebido como alternativa a la Posición Común, no ha logrado sus objetivos, sugiriendo que su reemplazo es lógico tras constatar su ineficiencia.

A pesar de las posiciones oficiales de la diplomacia europea, los activistas cubanos han insistido durante años en la necesidad de revisar el Acuerdo. En la actualidad, la UE financia en Cuba unos 80 proyectos con un presupuesto cercano a los 155 millones de euros, gestionados principalmente por organizaciones del régimen, incluidas entidades como los Comités de Defensa de la Revolución (CDR).

Para más información sobre las organizaciones que suscriben esta petición, consulte la fuente original.

@ADNCuba

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