Portuguesa. –Un joven piriteño de 29 años de edad, identificado como Carlos José Rodríguez, fue detenido el pasado 23 de septiembre, alrededor de las 12:30 del mediodía, por funcionarios encapuchados presuntamente adscritos a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). El hecho ocurrió en su residencia ubicada en la urbanización Los Molinos, municipio Araure, estado Portuguesa. Desde ese momento, sus familiares aseguran desconocer su paradero y temen por su integridad física y salud.
Según la prima del joven, tres funcionarios encapuchados llegaron en un vehículo negro rotulado con las siglas del DGCIM. Ingresaron al domicilio sin presentar orden judicial y le indicaron que debía acompañarlos. Dijeron que regresaría “en una hora”. La única explicación verbal fue una supuesta vinculación con la plataforma de criptomonedas Binance, en la cual el joven realizaba actividades laborales.
En la vivienda solo estaban su esposa, en avanzado estado de embarazo, y su suegra. Posteriormente, los familiares acudieron a sedes del DGCIM en busca de información, pero en ninguna figura como detenido. Luego, interpusieron una denuncia formal ante el CONAS, que fue firmada, sellada y enviada al Ministerio Público. Sin embargo, funcionarios del MP aseguran que «no ha llegado ninguna notificación», paralizando cualquier investigación.
Carlos José Rodríguez es diabético y necesita tratamiento médico continuo. La falta de información aumenta la preocupación de sus familiares, especialmente porque su esposa está a punto de dar a luz.
Robelis Rodríguez denunció que vecinos han sido intimidados por presuntos funcionarios para que no entreguen los videos de las cámaras de seguridad del conjunto residencial, que captaron el momento de la detención. También afirmó que la esposa de Carlos reconoció la voz de una de las funcionarias encapuchadas.
La madre del joven hizo un llamado público al fiscal general Tarek William Saab para que intervenga y ayude a esclarecer el caso. La familia exige una respuesta urgente, el respeto al debido proceso y garantías para su vida e integridad.
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