La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recordado este jueves que aproximadamente 230 millones de mujeres y niñas han sido víctimas de la ablación y otras formas de mutilación genital femenina. La OMS advierte que muchos de estos casos ocurren dentro de redes sanitarias, un problema que agrava la situación de salud y derechos humanos de las afectadas.
En la región de Asia Oriental y el Pacífico, donde residen 80 millones de estas víctimas, se ha identificado que uno de cada cuatro procedimientos fue realizado por trabajadores sanitarios, tanto en clínicas como en el hogar. Esta alarmante estadística fue divulgada en un comunicado conjunto con otras organizaciones, entre ellas la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO), que recientemente concluyó su congreso mundial en Ciudad del Cabo.
El comunicado enfatiza que la mutilación genital femenina representa una de las más graves violaciones de los derechos humanos y principios éticos dentro del entorno sanitario. Al respecto, se señala que la medicalización de esta práctica puede llevar a la errónea percepción de que resulta «más segura» o «menos dañina» si es realizada por profesionales de la salud.
Sin embargo, las organizaciones subrayan que la mutilación genital femenina nunca es segura. Es una práctica profundamente perjudicial que infringe el derecho a la salud, bienestar y autonomía corporal de mujeres y niñas, por lo que no debería ser practicada ni tolerada por ningún profesional de la salud.
El comunicado hace un llamamiento a matronas, enfermeras y médicos para que defiendan el principio médico de «no causar daño«, protejan la autonomía corporal de mujeres, niñas y recién nacidas, y promuevan el cumplimiento de los códigos de conducta profesional que prohíben explícitamente la mutilación genital femenina, superando cualquier creencia religiosa o cultural.
Las organizaciones aclaran que ningún tipo de mutilación genital femenina prevalente en esta región presenta evidencia de ser beneficiosa y, por tanto, no puede justificarse ni médica ni éticamente. Asimismo, hacen un llamamiento a las asociaciones de profesionales de la salud y a los responsables políticos para que promulguen y defiendan leyes y códigos que prohíban claramente esta práctica en todas sus formas.
EFE
