Este sábado, la residencia oficial de la Embajada de Argentina en Caracas, actualmente bajo la protección de Brasil tras la expulsión de la misión diplomática argentina, se encuentra bajo un severo resguardo policial. La situación ha sido denunciada por uno de los seis asilados en la sede, quienes reportaron un «asedio» de cuerpos de seguridad en el lugar desde la noche del viernes.
Magalli Meda, exjefa de campaña de la líder opositora María Corina Machado, comunicó a través de X que los accesos a la residencia están tomados por la policía y que la electricidad ha sido cortada. Meda compartió imágenes de patrullas policiales apostadas en las afueras de la sede diplomática.
En sus declaraciones, Meda afirmó: “Estamos con la electricidad cortada y con los accesos a la sede tomados”. Este mensaje fue acompañado por una foto que muestra la presencia de vehículos policiales en la entrada de la residencia.
El partido Vente Venezuela, liderado por Machado, también denunció en X que la residencia amaneció “rodeada por agentes del régimen, encapuchados y armados”. Omar González, otro de los asilados y miembro del partido, añadió que “agentes del régimen de Nicolás Maduro han impedido el acceso de periodistas a la embajada”.
Pedro Urruchurtu, coordinador internacional de Vente Venezuela y uno de los refugiados, reportó la presencia de agentes de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).
Junto a Meda y González, también están asilados Claudia Macero, coordinadora de Comunicaciones de Vente Venezuela; Humberto Villalobos, coordinador electoral del Comando de Campaña de Vente Venezuela; y el exministro Fernando Martínez Mottola, asesor de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), el principal bloque opositor.
Los seis opositores buscaron refugio en la residencia de la embajada después de que la Fiscalía venezolana los acusara de delitos graves, como conspiración y traición a la patria. Desde agosto, Brasil ha asumido la custodia de las sedes diplomáticas de Perú y Argentina en Venezuela y representa los intereses y ciudadanos de estos países en el país caribeño, además de proteger a los opositores asilados.