Después de meses de diálogo y coordinación diplomática entre Colombia y Venezuela, la Cancillería de Colombia informó este viernes la liberación de 18 ciudadanos colombianos que se encontraban presos en cárceles venezolanas acusados de varios delitos. Este logro es fruto del esfuerzo conjunto liderado por la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy.
El proceso de liberación se llevó a cabo en colaboración estrecha con el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de Venezuela, y contó con la presencia de varios funcionarios colombianos, incluidos el embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo Hernández, y el cónsul en San Cristóbal, David Gilberto Haddad Clavijo, quienes supervisaron los procedimientos correspondientes en el municipio de Pedro María Ureña, estado de Táchira, Venezuela.
«Este es un paso significativo en la tarea de garantizar los derechos de nuestros connacionales y de responder a los llamados de sus familias. La protección de los colombianos en el exterior es una prioridad del Gobierno del presidente Gustavo Petro», declaró la ministra Villavicencio.
El viceministro de Asuntos Multilaterales de Colombia, Mauricio Jaramillo Jassir, había adelantado el pasado 12 de octubre que el gobierno estaba gestionando la atención de una «crisis humanitaria» que afecta a al menos 40 ciudadanos colombianos detenidos en Venezuela.
La ministra Villavicencio reafirmó su compromiso de continuar el diálogo con su homólogo venezolano, Yván Gil, para coordinar acciones que beneficien a otros ciudadanos colombianos aún detenidos, incluyendo la evaluación de posibles repatriaciones. Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores subrayó su compromiso de asegurar que los detenidos reciban asistencia consular, un debido proceso y un trato digno.
«Seguiremos trabajando con las autoridades venezolanas para que ningún colombiano quede desamparado. La diplomacia también se expresa en gestos humanitarios”, concluyó Villavicencio. Este esfuerzo responde a los llamados de familiares y amigos de los detenidos, quienes han insistido en la intervención del presidente Petro y el Congreso, asegurando que sus allegados no son criminales, sino detenidos arbitrariamente.
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