La tensión política en Venezuela se intensificó tras las recientes declaraciones del líder opositor Leopoldo López, quien el pasado 23 de octubre expresó su apoyo a la posibilidad de una intervención militar estadounidense para poner fin al régimen de Nicolás Maduro.
Durante su intervención, difundida por medios internacionales, López aseguró que “la comunidad internacional no puede seguir siendo cómplice del sufrimiento del pueblo venezolano” y sostuvo que “toda opción debe estar sobre la mesa” para restablecer la democracia en el país.
Las palabras del dirigente, que reside en el exilio desde 2020, generaron una inmediata reacción del gobierno venezolano. El 25 de octubre, la administración de Maduro presentó un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) solicitando revocar la nacionalidad venezolana de López, acusándolo de cometer actos “contra la soberanía y la integridad de la nación”.
Según reseñó el diario El País y el portal Mazo4F, el documento introducido por la Procuraduría General argumenta que López “ha promovido públicamente acciones hostiles y extranjeras contra la República”, lo que constituiría una violación a los artículos constitucionales que rigen la lealtad al Estado venezolano.
Por su parte, aliados y representantes de la oposición han calificado la medida como una represalia política y una nueva muestra de persecución por parte del gobierno. “Maduro pretende borrar la identidad de quienes lo enfrentan”, declaró un vocero de Voluntad Popular, el partido fundado por López.
La controversia se produce en un contexto de creciente presión internacional sobre el régimen de Maduro, en medio de sanciones y denuncias por violaciones de derechos humanos. Analistas consideran que el intento de despojar a López de su nacionalidad podría agravar el aislamiento diplomático de Caracas y tensionar aún más las relaciones con Washington, especialmente tras el reciente aumento de presencia militar estadounidense en el Caribe.
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