La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) ha manifestado su preocupación por el incremento de detenciones efectuadas en Venezuela por cuerpos de seguridad del Estado, advirtiendo sobre la falta de «información pública suficiente» sobre estos casos. Según la organización, esta situación de «opacidad» contribuye a un «escenario de inseguridad jurídica y angustia prolongada», intensificado por la supuesta «negación del acceso a asistencia legal» para los detenidos.
La ONG destacó que familiares y defensores reportan la «ausencia total de notificación oficial», junto con el desconocimiento de los centros de detención y la negativa de acceso a abogados o representantes de confianza, configurando lo que describen como un «patrón de desapariciones forzadas de corta duración y detenciones arbitrarias». JEP subrayó que estas acciones representan una «violación directa a los derechos fundamentales», incluyendo la libertad personal, el debido proceso y la integridad, así como el derecho de los familiares a conocer el paradero de sus seres queridos.
En este sentido, JEP ha exigido a las autoridades venezolanas que garanticen de manera inmediata y veraz la información sobre la identidad, paradero y situación jurídica de los detenidos. Además, demandó el «acceso irrestricto a abogados de confianza» y la comunicación con sus familiares, en conformidad con la Constitución y los tratados internacionales.
Como ejemplo de estas detenciones, JEP citó el caso de cuatro trabajadores audiovisuales detenidos el viernes en el estado Aragua. La ONG SurGentes, dedicada a la defensa de los derechos humanos, informó que Noel Cisneros, Katiuska Castillo Vásquez, Ingrid Briceño Venegas y Marcela Hernández Guerra fueron apresados tras tomar una fotografía de la fachada del centro penitenciario de Tocorón, mientras realizaban tareas de preproducción para un trabajo de grado de la Universidad Central de Venezuela.
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