Cuatro estudiantes, Noel Cisneros, Katiuska Castillo, Ingrid Briceño y Marcela Hernández, fueron liberados este lunes tras haber sido detenidos de manera «arbitraria» desde el viernes pasado por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Durante este tiempo, su paradero permaneció desconocido, según informó Óscar Murillo, coordinador general de la ONG Provea.
Los estudiantes fueron arrestados cerca de la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua, mientras realizaban grabaciones con fines académicos, según las declaraciones de Murillo. El activista subrayó el impacto preocupante de este caso sobre estudiantes y productores audiovisuales que, trabajando con limitados recursos, intentan contar historias y relatar la realidad del país. «Esto sienta un grave precedente para todos aquellos estudiantes y productores audiovisuales que trabajan, además, con mucha necesidad para contar historias, relatos y el país», declaró.
Marcela Hernández, una de las detenidas, es representante de una organización civil que fomenta la producción audiovisual de mujeres. La situación fue ampliamente condenada en la red social X, donde el abogado Marino Alvarado, coordinador de Exigibilidad Legal de Provea, resaltó «el valor de la denuncia» como herramienta frente a la arbitrariedad. El Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales reconoció que la presión nacional e internacional permitió el regreso de los estudiantes con sus familias.
El incidente provocó una ola de reacciones de artistas, académicos y diversas organizaciones no gubernamentales, quienes demandaron a las autoridades explicaciones claras sobre la situación de los jóvenes. La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) condenó firmemente la «detención arbitraria» y pidió una investigación «independiente, exhaustiva e imparcial» para identificar a los responsables.
Finalmente, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) alertó sobre el incremento de detenciones en Venezuela «sin información pública suficiente», configurando un «escenario de inseguridad jurídica y angustia prolongada» debido a la falta de transparencia y la negación de acceso a asistencia legal.
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