Las organizaciones Human Rights Watch (HRW) y Cristosal presentaron un informe conjunto en el que documentan graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra 252 migrantes venezolanos deportados por Estados Unidos a El Salvador entre marzo y abril de 2025. Los testimonios y evidencias reunidos por ambas organizaciones revelan que los deportados fueron víctimas de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas sistemáticas durante su reclusión en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la prisión de máxima seguridad del gobierno salvadoreño.
Según el informe, desde el momento en que el avión con los deportados aterrizó en El Salvador, los agentes los sometieron a tratos crueles y degradantes. “Desde que me bajaron del avión empezó la pesadilla”, relató Gonzalo Y., un joven venezolano de 26 años, originario del estado de Zulia. Indicó que fue golpeado por agentes al negarse a mantener la cabeza baja debido a un problema en la columna. Otros deportados afirmaron haber sido golpeados durante el traslado al CECOT y al llegar a la prisión, donde los obligaron a arrodillarse para ser rapados mientras los oficiales los agredían con bastones. “El director de la prisión nos dijo: ‘Llegaron al infierno’”, relató Gonzalo.
Los venezolanos permanecieron incomunicados durante aproximadamente cuatro meses, hasta el 18 de julio de 2025, cuando fueron enviados a Venezuela como parte de un intercambio de prisioneros entre ambos países. El informe de HRW y Cristosal es la investigación más exhaustiva hasta la fecha sobre el trato a los detenidos en el CECOT e incluye los primeros testimonios detallados sobre las condiciones de reclusión en esa prisión.
Ambas organizaciones entrevistaron a 40 personas que estuvieron detenidas en el CECOT y a otras 150 con conocimiento directo de lo sucedido, entre ellas familiares, abogados y expertos forenses internacionales. También revisaron fotografías de lesiones, antecedentes penales y documentos judiciales en El Salvador y Estados Unidos.
Los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador calificaron a la mayoría de los deportados como “terroristas” y miembros del grupo delictivo venezolano Tren de Aragua, designado por Washington como organización terrorista extranjera. No obstante, HRW y Cristosal determinaron que muchos de los deportados no tenían antecedentes penales ni condenas en Estados Unidos, Venezuela u otros países latinoamericanos, y que las detenciones carecieron de fundamento legal.
El informe concluye que los 252 venezolanos fueron víctimas de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, en violación del derecho internacional.
La madre de Gonzalo narró que su hijo la llamó el 13 de marzo desde un centro de detención en Estados Unidos para informarle que sería deportado a Venezuela y que pronto podrían reencontrarse. Sin embargo, nunca llegó. Días después, la familia descubrió por medio de la prensa que Gonzalo figuraba entre los nombres de los deportados enviados al CECOT. “A partir de ese momento, todo se volvió oscuro”, dijo su madre. “Lo único que sentía era angustia, dolor, rabia y desesperación”.
El informe detalla que las condiciones dentro del CECOT fueron inhumanas, incluyendo una prolongada incomunicación, alimentación inadecuada, falta de higiene, ausencia de atención médica y negación de actividades recreativas o educativas, violando las Reglas Mandela de las Naciones Unidas sobre el trato a los reclusos.
Los testimonios recogen numerosos casos de golpizas, torturas y violencia sexual, infligidos por custodios y fuerzas antimotines. Los prisioneros fueron golpeados casi a diario, tanto en los pasillos del módulo como en una sección de aislamiento conocida como “la Isla”. Los castigos se aplicaban por infracciones mínimas o por pedir atención médica.
HRW y Cristosal documentaron que los abusos se intensificaron tras las visitas de la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, en marzo, y del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en mayo y junio. También se registraron golpizas después de dos protestas carcelarias en abril y mayo.
Un ex detenido identificado como Daniel B. relató que fue golpeado tras ser entrevistado por el CICR. “Me siguieron pegando en el estómago y, cuando traté de agarrar aire, me empecé a ahogar con la sangre. Mis compañeros gritaban que nos estaban matando, pero los oficiales decían que solo nos querían hacer sufrir”, narró.
Tres detenidos denunciaron violencia sexual cometida por custodios. Uno de ellos contó que fue llevado a “la Isla”, donde lo golpearon y luego cuatro guardias abusaron de él. “Jugaron con sus bastones en mi cuerpo”, afirmó. HRW y Cristosal señalaron que podría haber más víctimas, aunque muchas no se atreven a hablar por el estigma y el miedo.
Las organizaciones concluyeron que estas violaciones no fueron hechos aislados, sino parte de una práctica sistemática de tortura y maltrato con el objetivo de someter, humillar y quebrar psicológicamente a los detenidos, con la aparente aprobación o tolerancia de los superiores jerárquicos.
Además, HRW y Cristosal responsabilizaron a Estados Unidos por complicidad en desapariciones forzadas, al negar información a las familias sobre el paradero de los deportados y violar el principio internacional de no devolución (non-refoulement), que prohíbe trasladar a personas a países donde corren riesgo de tortura o persecución.
Al ser devueltos a Venezuela, varios ex detenidos continuaron enfrentando riesgos de persecución por parte del gobierno de Nicolás Maduro, cuya administración ha sido señalada por cometer violaciones sistemáticas de derechos humanos. En algunos casos, agentes de inteligencia venezolanos visitaron los domicilios de los ex prisioneros para obligarlos a grabar videos sobre su supuesto trato en Estados Unidos.
Los ex detenidos reportaron lesiones físicas permanentes y traumas psicológicos profundos. “Estoy en alerta todo el tiempo porque cada vez que escuchaba el sonido de las llaves y de las esposas, significaba que ya venían a pegarnos”, dijo uno de ellos.
Human Rights Watch y Cristosal instaron al gobierno de Estados Unidos a suspender inmediatamente todos los traslados de migrantes a El Salvador y llamaron a los organismos internacionales de derechos humanos, incluido el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a reforzar el escrutinio público sobre las violaciones cometidas tanto por Washington como por el gobierno salvadoreño.
“No somos terroristas, éramos migrantes”, afirmó uno de los detenidos en el CECOT. “Fuimos a Estados Unidos a pedir protección y la oportunidad de un futuro mejor, pero terminamos en una prisión en un país que ni siquiera conocíamos, siendo tratados peor que animales”.
Lea el informe original en https://www.hrw.org/es/report/2025/11/12/llegaron-al-infierno/tortura-y-otros-abusos-contra-venezolanos-en-el-centro-de