Un niño venezolano de 4 años de edad, identificado como Lucas, fue encontrado muerto la noche del 3 de diciembre en una playa situada entre Garrucha y Mojácar (Almería), España, con evidencias de fuertes golpes y violencia sexual. Por estos hechos, su madre, Bárbara Ysmar, de 21 años y embarazada de cinco meses, y su pareja, Juan David Herrera, se encuentran en prisión provisional sin fianza por los delitos de asesinato y maltrato habitual.
La búsqueda del menor comenzó la noche del 3 de diciembre, después de que una tía de la madre alertara al Servicio de Emergencias 112 Andalucía sobre su desaparición, alrededor de las 22:30 horas. Según esta versión, la mujer recibió un mensaje de su sobrina en el que le indicaba que había abandonado a Lucas en una caseta de la playa de Garrucha. Paralelamente, otra versión difundida en medios españoles señala que el niño habría sido reportado como desaparecido por su abuelo materno, tras ver un mensaje en redes sociales publicado por la madre, en el que afirmaba que el niño se había perdido mientras paseaba con ella por una playa.
En el operativo de búsqueda, coordinado por la Guardia Civil, participaron varias agencias de seguridad y numerosos particulares, entre ellos el abuelo materno del menor. El dispositivo se extendió hasta las 23:15 horas, momento en el que fue localizado el cuerpo sin vida de Lucas. El cadáver apareció en un antiguo cargadero de minerales, detrás de lo que los vecinos de la zona describen como las bases de los carriles del tren.
Poco después del hallazgo, la madre del niño se presentó en el cuartel de la Guardia Civil y reconoció ante los agentes su implicación en la muerte del menor. Posteriormente, las autoridades detuvieron también a su pareja, que no es el padre biológico de Lucas. Ambos, de origen venezolano y residentes en Vera, fueron puestos a disposición judicial; el juez ordenó su ingreso inmediato en prisión sin fianza y decretó el secreto de las actuaciones para esclarecer el papel de cada uno en el crimen.
Un audio difundido por el diario El Mundo recoge la voz de la madre, entre sollozos, en un mensaje dirigido a su pareja, en el que admite su participación en lo ocurrido. “Creo que he matado a mi hijo. Yo me voy a morir. No quiero vivir sin mi hijo”, se escucha decir a la mujer con el sonido de las olas de fondo. En la misma grabación, la joven expresa: “No sé ni siquiera dónde estoy. Estoy mal de la cabeza […]. Estoy cegada, mi amor, estoy cegada. Estaba en resignación pensando que mi hijo sí está bien, pero creo que no […]. Y yo me quiero morir. Perdón, perdón por decirte esto, pero yo me voy a morir. Yo me quiero morir. Yo no quiero estar así. Yo no quiero estar sin mi hijo. No me imagino la vida sin mi hijo, amor. No me la imagino, no me la imagino. Yo solo quiero estar con él, amor”.
El mensaje de voz está dirigido a Herrera, a quien la mujer pide perdón y agradece por “intentar formar una familia”. En el audio añade: «Yo sé que la mejor decisión habría sido haberte dejado en paz y que te quedaras lejos de nosotros. Tal vez nada, nada, de esto hubiera pasado».
La familia materna del menor había denunciado previamente situaciones de maltrato. El abuelo, identificado como Martín, afirmó que había alertado sobre los abusos que sufría el niño, pero que nunca se activaron protocolos porque “no había partes médicos”. Según su testimonio, la madre y su pareja evitaban llevar al pequeño al hospital para impedir que se registraran las lesiones. La tía materna también acudió a la Guardia Civil con fotografías de hematomas en la cara y la sien del niño, aunque la denuncia no prosperó. La familia sostiene que “el sistema falló estrepitosamente”.
Vecinos del entorno del menor señalaron que “Lucas vivía con miedo” y relataron episodios de violencia atribuidos a Herrera. En un video difundido en redes sociales, se observa al hombre gritar al niño, levantarlo por una pierna y arrojarlo al suelo. En las imágenes, el pequeño aparece llorando y cubriéndose la cara de forma instintiva cuando el adulto se aproxima.
Sobre Herrera pesaba, desde el 20 de octubre, una orden de alejamiento tanto de la madre como del niño por maltratos previos. Pese a esta medida, la pareja continuó conviviendo con el menor. De acuerdo con los testimonios recabados, las ausencias frecuentes de Lucas en la escuela, los moretones recurrentes y los brazos en cabestrillo se repitieron durante semanas sin que se activaran alarmas institucionales.
La investigación, bajo secreto de sumario, se centra en reconstruir las horas previas a la muerte, determinar si los dos detenidos actuaron de forma conjunta y esclarecer si hubo participación de terceras personas. Los investigadores también tratan de establecer qué motivó la violencia ejercida contra el niño.
Tras conocerse los detalles del caso, el abuelo materno solicitó públicamente que recaiga “todo el peso de la ley” sobre los responsables, sin excepción, incluso tratándose de su propia hija. Además, pidió la custodia del bebé que está por nacer.
El Nacional
