El Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha consolidado el narcotráfico como una de sus principales fuentes de financiación, aprovechando su expansión en territorio venezolano y el control de zonas estratégicas de la frontera con Colombia para manejar desde la producción de cocaína hasta su envío a mercados internacionales.
El máximo comandante del ELN, Eliécer Erlinto Chamorro, alias “Antonio García”, rechazó públicamente los señalamientos sobre la participación de la guerrilla en el tráfico de drogas, luego de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aludiera a ese vínculo. “El ELN jamás ha estado vinculado al narcotráfico, en el futuro todas estas mentiras se caerán. Ese momento llegará”, declaró en un comunicado oficial difundido el 1 de septiembre. Sin embargo, investigaciones especializadas y procesos judiciales en Estados Unidos apuntan a que el grupo ya opera sus propios laboratorios de cocaína y supervisa el transporte transfronterizo de la droga.
Fundado en la década de 1960 como un grupo marxista-leninista con raíces en la Teología de la Liberación, el ELN mantuvo durante años una postura de rechazo al narcotráfico, al considerarlo una aberración ideológica. Con el tiempo, esa posición se debilitó ante el atractivo de los recursos que ofrece el negocio de las drogas para financiar la organización. Unidades y frentes comenzaron a cobrar un impuesto conocido como “gramaje” a los cultivadores de coca en sus áreas de influencia, lo que el propio grupo ha descrito como una fuente limitada de ingresos, sin participación directa en la compra, procesamiento o transporte de cocaína.
“Nosotros cobramos un impuestico [sic] que nos sirve para resolver problemas de alimentación, de vestuario”, afirmó alias “Ricardo”, uno de los cabecillas del Frente de Guerra Nororiental, en una entrevista con The Times en julio. Pese a estas afirmaciones, los reportes de InSight Crime y expedientes judiciales estadounidenses indican que el narcotráfico se ha convertido en un componente central de la economía del ELN, sosteniendo varios de sus frentes, en particular aquellos que operan en la frontera colombo-venezolana.
La toma de la estratégica región del Catatumbo, abundante en cultivos de coca, a inicios de 2025 marcó un avance significativo en la expansión del ELN dentro del negocio de las drogas. Este movimiento se enmarca en una estrategia más amplia y planificada que, según las investigaciones, se desarrolla probablemente en coordinación con sectores del régimen del presidente venezolano Nicolás Maduro. Controlar la franja limítrofe entre Colombia y Venezuela permite al ELN administrar de forma integrada la cadena del narcotráfico, desde la producción hasta la venta al por mayor, además de proyectarse desde Venezuela hacia zonas más profundas de Colombia, fuera del alcance directo de las fuerzas de seguridad colombianas y sus aliados.
La zona fronteriza concentra una alta densidad de cultivos de coca, laboratorios de procesamiento y corredores de tráfico hacia los mercados internacionales. La toma del Catatumbo colombiano en enero dio al ELN el control de una de las áreas de cultivo de coca más productivas del mundo. Del lado venezolano, en el estado Zulia, el cultivo de coca se encuentra aún en fase incipiente, pero fuentes consultadas por InSight Crime sostienen que el ELN recluta campesinos y habitantes locales para cosechar coca a ambos lados de la frontera.
La regulación de este mercado y el control de los corredores fronterizos están en manos de la Estructura de Finanzas y Economías para la Revolución (EFER), de acuerdo con el presidente Gustavo Petro. Esta división especializada funciona como el brazo financiero del Frente de Guerra Nororiental en el Catatumbo y se encarga de coordinar las operaciones de tráfico de drogas en Colombia y Venezuela. Entre sus tareas estarían la instalación de laboratorios de cocaína, el manejo de fondos ilícitos y la aplicación de un conjunto de normas internas que rigen el negocio.
El incremento de la presión militar colombiana ha empujado al ELN a trasladar parte de la producción de drogas hacia el territorio venezolano. Los continuos operativos contra laboratorios en Colombia han llevado a la guerrilla a instalar centros de procesamiento en zonas remotas de Venezuela, como la localidad fronteriza de Jesús María Semprún, donde el grupo actúa como autoridad paraestatal. La cocaína producida en el lado colombiano cruza sin mayores obstáculos por áreas controladas por el ELN hacia Venezuela, desde donde se suma a la producción local para su envío a los mercados de consumo.
Las rutas de tráfico atraviesan principalmente el estado Zulia. La droga suele salir por el lago de Maracaibo, que conecta con el mar Caribe, y por las costas del vecino estado Falcón. Desde allí, los cargamentos se dirigen a las islas de Aruba, Bonaire y Curazao, antes de ser reenviados a Europa. Otros envíos se desplazan hacia el oriente venezolano para partir desde los estados costeros de Carabobo y La Guaira hacia islas cercanas del Caribe, mientras algunos vuelos despegan directamente desde pistas clandestinas en Zulia con destino a Centroamérica.
Existen además rutas alternativas desde otros puntos de Venezuela hacia el Caribe. Entre ellas se cuentan vuelos que salen del estado fronterizo de Apure hacia islas caribeñas, así como el uso del río Orinoco, que atraviesa los estados Amazonas, Apure, Bolívar, Guárico y Anzoátegui. A lo largo de este recorrido fluvial, varios puntos se encuentran bajo control del ELN, lo que facilita el transporte de cargamentos hasta la desembocadura en el océano Atlántico.
En el municipio Guajira, el más septentrional de Zulia, se observa con particular claridad cómo el control binacional del ELN y su influencia social sostienen las actividades de narcotráfico, al tiempo que exponen la compleja relación del grupo con las autoridades venezolanas. Los traficantes han ido privilegiando esta región debido a que, según las fuentes consultadas, las fuerzas de seguridad que operan en otras rutas exigen pagos cada vez más altos para permitir el paso de la droga. Machiques de Perijá, municipio situado al norte de Jesús María Semprún, fue en su momento una ruta habitual hacia el lago de Maracaibo, pero el incremento de los costos ha llevado a que el envío de cargamentos hacia Guajira resulte más rentable, dada su conexión directa con el Caribe.
“A los narcos se les hizo casi imposible la forma de carretear la droga porque se les estaba haciendo muy cara”, afirmó a InSight Crime un productor agrícola en Machiques de Perijá. “Así que todas las autoridades querían un paquete”. Este escenario ha favorecido el desplazamiento de flujos ilícitos hacia la Guajira venezolana, donde convergen una baja densidad de población, una frontera porosa con Colombia y una extensa línea costera que facilita la salida de cargamentos hacia islas del Caribe o hacia Centroamérica.
En esta región, una historia prolongada de abandono estatal y abusos por parte de las fuerzas de seguridad ha contribuido a que ciertos sectores de la población indígena local perciban al ELN con cierto grado de legitimidad. Al mismo tiempo, sectores leales al presidente Maduro dominan la política municipal, lo que reduce la probabilidad de enfrentamientos con la guerrilla, aliada al gobierno, e incluso abre la puerta a la cooperación en coyunturas electorales.
Del lado colombiano, varias fuentes indicaron a InSight Crime que el ELN utiliza la ciudad de Maicao, en el departamento de La Guajira, como centro de operaciones para el envío de drogas hacia la Guajira venezolana. El hallazgo reciente de un semisumergible parcialmente construido en un astillero artesanal de Guajira sugiere que el municipio podría haberse convertido también en punto de partida para envíos directos de drogas hacia Europa, considerando que algunos de estos aparatos ya tienen capacidad para cruzar el Atlántico.
El narcotráfico se ha convertido en un elemento clave de la relación entre el ELN y el régimen de Maduro. Aunque esa relación es de beneficio mutuo, el Estado mantiene una posición de ventaja, ya que el ELN paga en servicios y en efectivo por la protección que le permite operar en territorio venezolano. En áreas donde la presencia estatal es débil, como La Guajira, la guerrilla asume funciones de control territorial y social. Además, ha intervenido en procesos electorales para favorecer a candidatos cercanos al partido de gobierno y actúa como una especie de colchón de seguridad en la frontera, proporcionando una primera línea de alerta ante una eventual incursión desde Colombia.
Los sobornos que los traficantes pagan a las fuerzas de seguridad constituyen, a su vez, un componente central en el sostenimiento del poder de Maduro. Este entramado es conocido como el Cartel de los Soles: más que una organización de narcotráfico en sentido estricto, se describe como una práctica extendida de corrupción dentro de las fuerzas armadas venezolanas. Ante la imposibilidad de garantizar salarios dignos, el gobierno asegura la lealtad militar permitiendo que oficiales y funcionarios incrementen sus ingresos a través de sobornos vinculados al narcotráfico o mediante la participación directa en el negocio.
En este contexto, los intereses del ELN y del gobierno venezolano convergen en varios puntos. Un Estado financieramente debilitado se beneficia de que su aliado controle la cadena del narcotráfico, ya que ello amplía las fuentes de ingreso del aparato estatal corrupto. Al mismo tiempo, un ELN fortalecido ofrece respaldo adicional a un régimen con una profunda falta de legitimidad interna y sometido a presiones geopolíticas crecientes.
El objetivo de la guerrilla es convertirse en el actor criminal dominante a lo largo de toda la frontera colombo-venezolana. Con la protección que recibe en Venezuela, ese propósito parece cada vez más cercano. Y sus ambiciones trascienden el negocio de las drogas: el ELN busca replicar en territorio venezolano el modelo político de base que ha desarrollado durante seis décadas en Colombia, consolidando así su influencia tanto criminal como sociopolítica a ambos lados de la frontera.
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