Organizaciones de derechos humanos denunciaron nuevas acciones represivas en Cuba, tras el retorno sin previo aviso del preso político del 11J, Yosvany Rosell García Caso, a la cárcel de Cuba Sí en Holguín, y la conclusión del juicio contra los opositores Serguey Pozo Tagle y Yamislan Pozo Águila en Santa Clara.
Según estas organizaciones, ambos casos reflejan la continuidad de la criminalización de la disidencia en la isla, en un contexto de denuncias por falta de garantías procesales y violaciones al derecho a la información de las familias.
García Caso, condenado a 15 años de prisión por participar en las protestas de julio de 2021, fue trasladado nuevamente a prisión tras una huelga de hambre de 40 días, pese a su delicado estado de salud y sin notificación a sus allegados, de acuerdo con las denuncias difundidas.
En paralelo, concluyó en Santa Clara el juicio contra los opositores Serguey Pozo Tagle y Yamislan Pozo Águila. La Fiscalía de Villa Clara solicitó para ellos condenas de seis y siete años de cárcel, respectivamente, bajo la acusación de lanzar octavillas con mensajes políticos en la vía pública.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos calificó este proceso como una criminalización de la libertad de expresión y advirtió que sancionar ideas de transición democrática constituye una violación de principios básicos de legalidad.
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