El gobierno de Nicolás Maduro rechazó el informe presentado por el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, sobre la situación en Venezuela, al que calificó de “repleto de falacias”, y llamó a rechazar la actuación del funcionario del organismo multilateral.
En una actualización oral ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Türk afirmó que la situación de derechos humanos en Venezuela no ha mejorado en los últimos meses. Señaló que persisten las restricciones a la libertad de expresión y de asamblea, las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas, en un contexto de graves dificultades económicas y sociales.
En su intervención, el alto comisionado indicó que periodistas, defensores de derechos humanos, figuras de la oposición e incluso trabajadores humanitarios siguen enfrentando amenazas, acoso y riesgo de detención arbitraria, y que muchos se ven obligados a abandonar el país debido a la intimidación y la persecución. También denunció una intensificación de las represalias contra familiares de voces disidentes y precisó que, desde julio, se ha documentado la detención de al menos 17 personas en relación con las actividades de sus familiares, mientras otras 12 se encuentran en paradero desconocido.
Türk expresó además su preocupación por la creciente presión militar de Estados Unidos sobre Venezuela y advirtió que esta podría agravar la situación. Subrayó que su oficina ha recibido denuncias de alistamientos forzosos en la milicia venezolana, que incluirían a adolescentes y personas mayores.
El alto comisionado recordó que el pasado 10 de diciembre pidió una desescalada de las tensiones entre Caracas y Washington, e insistió en que los repetidos ataques estadounidenses contra embarcaciones son una violación del derecho internacional.
Como respuesta al informe, el canciller venezolano, Yván Gil, afirmó en su canal de Telegram que la “falta de credibilidad del supuesto informe” de Türk “revela un preocupante distanciamiento del sistema de la ONU respecto a la auténtica defensa de los derechos humanos para —señaló— alinearse más con los intereses de potencias que condicionan su financiamiento a cambio de favores políticos”.
Gil sostuvo que “es un deber moral rechazar de manera contundente la actuación del alto comisionado, quien, mientras ignora el asalto por parte de Estados Unidos a un buque con petróleo venezolano, elabora un informe repleto de falacias que se suma a los ataques contra nuestro país”. Añadió que esta situación “no solo socava la credibilidad de la ONU, sino que también pone en tela de juicio su compromiso con la justicia y la equidad en el ámbito internacional”.
