Una serie de traslados de privados de libertad realizados durante el mes de diciembre desde calabozos policiales de Caracas hacia centros penitenciarios en el interior del país no habrían cumplido con lo establecido en la ley venezolana, lo que agrava la crisis penitenciaria, según la denuncia del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
La organización reportó que durante este último mes del año se ejecutaron traslados de presos desde la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de La Yaguara y desde el Centro de Control y Resguardo de Detenidos de Boleíta (antigua Zona 7) hacia otros recintos carcelarios del país. Entre los destinos señalados por el OVP se encuentran el Centro de Formación Hombre Nuevo Libertador, en el estado Carabobo; la Comunidad Penitenciaria Fénix Lara, y el Centro de Reclusión para Procesados Judiciales 26 de Julio, en el estado Guárico.
De acuerdo con el Observatorio, estas reubicaciones se realizaron de forma irregular y arbitraria, sin cumplir con lo establecido en el Código Orgánico Penitenciario. El artículo 125 de esta normativa exige autorización expresa del juez de la causa cuando se trata de personas procesadas, o notificación al tribunal de ejecución en el caso de personas penadas, procedimientos que, según la denuncia, no fueron respetados.
El OVP indicó que ni los privados de libertad ni sus familiares fueron notificados previamente de los traslados. Muchas familias se enteraron de manera sorpresiva, lo que las llevó a recorrer distintos centros de reclusión para ubicar a sus parientes y confirmar su paradero.
Según la organización, estos traslados podrían derivar en situaciones de aislamiento bajo el argumento de un período de adaptación, pese a que la mayoría de los afectados lleva meses o incluso años detenidos. Esta práctica, que el OVP señala como reiterada en el sistema penitenciario venezolano, incrementa el impacto psicológico del encierro y limita el contacto con familiares y abogados, sin una justificación legal en los términos expuestos por la organización.
La entidad también advirtió que los traslados en pleno mes de diciembre representan un castigo adicional para las familias, que enfrentan mayores dificultades económicas para visitar a sus seres queridos en otros estados del país.
Al llegar a los nuevos centros penitenciarios, los privados de libertad fueron ingresados sin pertenencias personales, lo que obliga a sus familiares, según el OVP, a asumir gastos adicionales para la compra de uniformes, colchonetas, sábanas y artículos de aseo, en un contexto que la organización describe como de profunda precariedad económica.
En el caso de las personas procesadas, el alejamiento de sus tribunales de origen genera además retardo procesal, al dificultar su comparecencia ante los jueces en las fechas previstas para audiencias y demás actuaciones judiciales.
El OVP calificó estas acciones como “profundamente inhumanas”, especialmente por haberse ejecutado en vísperas de las festividades navideñas, cuando muchos detenidos esperan recibir visitas especiales de sus familiares.
La organización informó que continuará documentando y denunciando estos hechos ante instancias nacionales e internacionales, con el objetivo de exigir garantías judiciales, respeto al debido proceso, a la dignidad humana y al derecho de las familias a no ser castigadas de forma arbitraria.
Espiga Noticias
