JEP denuncia condenas máximas en el caso Paramacay en medio de violaciones al debido proceso

Tras el ataque militar, militares revisaron a personas y vehículos cerca de la base militar en Carabobo. Foto: redaccion
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Publicada: diciembre 19, 2025

La organización Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) denunció que, en horas de la madrugada de este viernes 19 de diciembre, todos los acusados en el denominado caso Paramacay fueron condenados con las penas más altas establecidas en el ordenamiento jurídico venezolano, en un fallo que, según familiares de las víctimas, desatendió en todas sus partes las normas del debido proceso.

“Este fallo no es un evento aislado, sino parte de un patrón sistemático en el que la forma jurídica se mantiene como una fachada, mientras se vulneran garantías fundamentales. Aplicar el castigo máximo sin respetar la presunción de inocencia, el derecho a la defensa legítima y la imparcialidad del tribunal convierte al sistema penal en un mecanismo de persecución política”, señaló JEP en un comunicado. La organización manifestó su solidaridad con las familias y reiteró su compromiso de acompañarlas en la búsqueda de verdad, justicia y libertad.

El caso Paramacay se originó el 6 de agosto de 2017, cuando un grupo de civiles y militares disidentes liderados por el capitán desertor Juan Caguaripano intentó asaltar el Fuerte Paramacay, sede de la 41 Brigada Blindada en Naguanagua, estado Carabobo, en lo que se conoció como la “Operación David”. El objetivo era sustraer armamento militar, pero el ataque fue repelido por tropas leales al gobierno de Nicolás Maduro. Durante el enfrentamiento, hubo al menos dos fallecidos, un herido y varios detenidos.

Desde entonces, decenas de personas han sido procesadas por su presunta participación en los hechos, enfrentando acusaciones de terrorismo, rebelión y delitos contra la seguridad del Estado. Organizaciones defensoras de derechos humanos han documentado irregularidades judiciales y denuncias de torturas, especialmente a manos de la DGCIM, lo que ha generado preocupación sobre la legitimidad y legalidad del proceso.

JEP advierte que la aplicación de penas extremas en un juicio con fallas procesales no solo vulnera derechos individuales, sino que establece un precedente peligroso para el Estado de derecho en Venezuela, donde el derecho penal corre riesgo de ser usado como herramienta de persecución política.

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