Perú cierra 2025 con al menos cuatro periodistas asesinados

Espiga Noticias webmaster
Publicada: diciembre 27, 2025

El periodismo peruano enfrenta un cierre de año marcado por la violencia y la inseguridad, tras confirmarse el fallecimiento del periodista Mitzar Castillejos Tenazoa, quien murió este 26 de diciembre en un hospital de Lima después de 14 días de lucha por su vida, tras ser atacado a balazos por presuntos sicarios en la ciudad de Aguaytía, región Ucayali.

Castillejos, de 34 años, era conductor de Radio Latín Plus 107.7 FM y director del portal digital Bato a Informarte Noticias, donde abordaba temas locales y denuncias que incomodaban a ciertos sectores. Su muerte eleva a cuatro el número de periodistas asesinados en el país durante 2025, un año que gremios califican de «nefasta escalada de violencia contra la prensa».

Los otros tres periodistas asesinados este año fueron:

  • Gastón Medina, director de Cadena Sur TV en Ica, fallecido en enero tras recibir múltiples disparos frente a su vivienda.
  • Raúl Celis López, un veterano comunicador de Iquitos, asesinado en mayo por hombres en motocicleta cuando se dirigía a su trabajo.
  • Juan Fernando Núñez Guevara, reportero de Kamila TV, acribillado en diciembre en la región La Libertad.

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) ha condenado los hechos y exigido a las autoridades una investigación exhaustiva y sanciones ejemplares para los responsables de los crímenes. El gremio advierte que estos ataques no solo representan una tragedia humana, sino un grave golpe al derecho a la información y a la libertad de prensa en el país.

Organizaciones de defensa de la libertad de expresión han señalado que estos casos se enmarcan en un contexto más amplio de presiones, amenazas y hostigamiento contra periodistas en Perú, incluyendo ataques físicos, vigilancia y acciones legales dirigidas a silenciar investigaciones críticas, especialmente en regiones fuera de la capital. (rsf.org)

Este preocupante balance pone de relieve la urgente necesidad de reforzar mecanismos de protección para comunicadores y garantizar que puedan ejercer su labor sin temor a represalias, en un país que históricamente ha visto surgir voces críticas del poder local y desafíos constantes a la libertad de expresión.

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