Entre el 24 y el 26 de diciembre, el régimen de Nicolás Maduro ejecutó una operación tecnológica de gran escala que permitió la unificación de las bases de datos civiles del Saime, la banca pública y el sistema Patria. Así lo señala una investigación firmada por la periodista Milagros Socorro y publicada por el medio La Gran Aldea, que documenta una migración masiva y coordinada de servidores estatales.
De acuerdo con el reportaje, especialistas en ciberseguridad que monitorearon el tráfico de red detectaron en esos días picos anómalos de actividad, procesos de reindexación de bases de datos y latencia selectiva en portales oficiales, coincidiendo con el asueto navideño, cuando se registra un mínimo uso ciudadano de estas plataformas.
La Gran Aldea explicó que la lentitud e intermitencia que muchos usuarios experimentaron al intentar acceder a páginas gubernamentales en ese periodo no respondió a “mantenimiento rutinario”, sino a una operación de fusión de millones de registros en tiempo real.
Según la investigación, esta reconfiguración marca un cambio estructural en la forma en que el régimen administra la identidad ciudadana. Hasta ese momento, organismos como el Saime, la banca pública —principalmente el Banco de Venezuela— y el sistema Patria operaban como sistemas separados que solo se cruzaban de forma parcial.
La nueva arquitectura elimina esa fragmentación y crea un nodo central capaz de validar, cruzar y actualizar datos de forma automática. En términos prácticos, advierte el medio, el Estado adquiere la capacidad técnica de bloquear o inhabilitar la identidad civil de cualquier ciudadano desde un solo sistema, sin necesidad de procesos judiciales ni trámites administrativos tradicionales.
De acuerdo con el reportaje, un error, inconsistencia o señal considerada “irregular” en un área podría traducirse de inmediato en el bloqueo de servicios bancarios, trámites de identidad o acceso a beneficios públicos. La integración permitiría que decisiones tomadas en un subsistema tuvieran efectos inmediatos y simultáneos en otros.
Uno de los hallazgos destacados es la incorporación de protocolos de la banca pública que obligan a registrar el código IMEI de los teléfonos y la geolocalización exacta del usuario en cada transacción. El cruce de esta información con otros registros posibilitaría asociar movimientos financieros con ubicaciones físicas en tiempo real y detectar coincidencias geográficas entre personas consideradas de “interés”, sin requerir vigilancia física directa.
“Con la nueva centralización pueden impedir que compres gasolina, pagues servicios básicos o ingreses a un hospital público simplemente apagando tu ID en el nodo central. Es, en los hechos, un interruptor de ciudadanía”, enfatiza la investigación.
La Gran Aldea también señala implicaciones para los venezolanos en el exterior. Según el reportaje, al unificar los datos migratorios con la banca y los registros de propiedad, el sistema podría suspender de forma automática el acceso a cuentas, trámites o bienes de ciudadanos que residan fuera del país, sin notificación previa ni orden judicial.
Asimismo, la investigación advierte sobre la posibilidad de congelar o impedir transferencias de propiedades mediante bloqueos digitales, lo que denomina un “corralito patrimonial” ejecutado desde plataformas tecnológicas.
El medio subraya que los hallazgos se sustentan en análisis de tráfico de red y monitoreo de nodos estatales realizados entre el 22 y el 26 de diciembre. Por razones de seguridad, La Gran Aldea mantiene bajo reserva las identidades de los expertos que participaron en el estudio.
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