Al cumplirse un año de la detención de Dinnora Rodríguez, familiares, amigos y organizaciones de la sociedad civil reiteraron su exigencia de libertad inmediata y plena, denunciando que la ciudadana enfrenta un proceso judicial que consideran irregular y basado en cargos sin sustento.
Rodríguez fue aprehendida en Villa Bruzual, municipio Turen, y actualmente se encuentra recluida en el Centro de Detención Barure, en el estado Portuguesa. Sus allegados y defensores de derechos humanos califican su detención como injusta y señalan que la imputación por el delito de “terrorismo” responde a lo que describen como un falso positivo judicial orientado a criminalizar la disidencia política.
Entre los motivos esgrimidos para exigir su liberación, destacan la presunta violación de derechos humanos durante el año que lleva privada de libertad, así como la vulneración del debido proceso. De acuerdo con sus familiares y defensores, se han afectado sus derechos fundamentales a lo largo de este período de reclusión.
Asimismo, sostienen que la acusación por terrorismo carece de pruebas y que se trata de un intento de estigmatizar a una persona cuyo único acto ha sido expresar su pensamiento y opiniones políticas. En este sentido, insisten en que la causa que se le sigue no se corresponde con hechos comprobados.
La demanda de libertad para Rodríguez también se enmarca en un llamado a la coherencia institucional, al alinearse con las recientes declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien anunció públicamente la excarcelación de un importante número de presos políticos . Los familiares y organizaciones consideran que este pronunciamiento refuerza la necesidad de revisar casos en los que se denuncian irregularidades procesales y vulneraciones de derechos.
Ante este panorama, los allegados de Dinnora Rodríguez y diversos actores de la sociedad civil reiteran su llamado a las autoridades nacionales e internacionales para que se garantice un proceso justo y transparente. De igual forma, solicitan la liberación inmediata de la detenida, al tiempo que insisten en que se respeten plenamente sus derechos fundamentales y las garantías procesales establecidas.
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