Bogotá/Quito.— La decisión del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de imponer un arancel del 30 % a las importaciones provenientes de Colombia generó una rápida y contundente respuesta desde Bogotá, donde la medida fue calificada como ilegal y contraria a los acuerdos de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).
Desde Suiza, en el marco del Foro Económico Mundial de Davos, Noboa anunció que la denominada “tasa de seguridad” entrará en vigencia el 1 de febrero de 2026 y se mantendrá hasta que, según dijo, el Gobierno colombiano asuma un compromiso “real y efectivo” en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera común. El mandatario ecuatoriano aseguró haber abordado reiteradamente el tema con el presidente Gustavo Petro, sin ver resultados concretos.
La reacción en Colombia no se hizo esperar. El exministro de Hacienda José Manuel Restrepo afirmó que la medida “es absolutamente ilegal” según el Acuerdo de Cartagena, base jurídica de la CAN. “Ningún país miembro puede imponer aranceles castigo por razones de seguridad. Esto debe ser demandado de inmediato ante la Secretaría General de la CAN”, sostuvo, al tiempo que reconoció debilidades del Estado colombiano en el control del narcotráfico y la minería ilegal en zonas fronterizas.
Analistas colombianos y ecuatorianos advirtieron que la decisión podría escalar en un conflicto comercial. El politólogo Arturo Moscoso alertó sobre posibles medidas de retaliación por parte de Colombia, afectando la competitividad de productos ecuatorianos y estimulando el contrabando en una frontera ya altamente porosa.
Colombia es el segundo socio comercial de Ecuador. Solo entre enero y septiembre de 2025, las importaciones ecuatorianas desde ese país superaron los 279 millones de dólares, con un déficit comercial anual que rebasa los mil millones. En este contexto, sectores económicos temen que la tensión bilateral complique aún más un escenario regional marcado por la inseguridad y la violencia.
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