La organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), defensora de derechos humanos, denunció que los casos de Samantha Sofía Hernández Castillo, adolescente de 16 años, y de Maikelys Borges, mujer joven y madre reciente, evidencian una modalidad de persecución política en Venezuela que se extiende al ámbito familiar y afecta a personas en situación de alta vulnerabilidad.
Según la organización, Samantha Sofía Hernández Castillo fue privada de libertad y sometida a un proceso bajo legislación antiterrorista sin sustento legal que lo justifique. Se trata de una adolescente separada de su entorno familiar y señalada no por acciones propias, sino por sus vínculos familiares: es hermana de un militar exiliado y sobrina de una persona en desaparición forzada. JEP afirma que su caso representa una ruptura con los principios de protección reforzada que el derecho internacional reconoce a niñas, niños y adolescentes.
En el caso de Maikelys Borges, la organización reportó que fue detenida en el último tramo de su embarazo, presentando un cuadro médico de alto riesgo. Permaneció privada de libertad hasta el momento del parto y actualmente continúa recluida junto a su bebé, en un entorno que, de acuerdo con la denuncia, no garantiza el bienestar ni el desarrollo pleno de un recién nacido. De acuerdo con JEP, su encarcelamiento parece responder a su condición de esposa de una persona perseguida.
La organización sostiene que ambos casos revelan una práctica que utiliza a adolescentes y mujeres en situación de extrema vulnerabilidad como instrumentos de presión política, trasladando el castigo desde la persona directamente perseguida hacia su núcleo familiar.
JEP señala que Samantha necesita estar en libertad para retomar su vida adolescente, continuar sus estudios y desarrollarse sin miedo, mientras que Maikelys requiere la libertad para cuidar a su hijo y ejercer su maternidad fuera de un contexto de reclusión. Según la denuncia, la prolongación de la privación de libertad de ambas no responde a fines legítimos de justicia y genera daños con posibles consecuencias duraderas en sus vidas y en las de quienes dependen de ellas.
La organización Justicia, Encuentro y Perdón exige la libertad de Samantha Sofía Hernández Castillo y de Maikelys Borges, en el marco de su labor de documentación y denuncia de presuntas violaciones a los derechos humanos en Venezuela.
Los casos de Samantha Sofía Hernández Castillo, una adolescente de apenas 16 años, y Maikelys Borges, mujer joven y madre reciente, ambas miembros de una misma familia, muestran con crudeza cómo la persecución política en Venezuela ha traspasado los límites individuales para… pic.twitter.com/HZBY6xSAob
— Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) January 27, 2026
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