El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reforzado el papel del senador Marco Rubio como garante del uso de los fondos derivados de la venta de recursos venezolanos, con el objetivo de controlar el destino del dinero destinado a la reconstrucción de Venezuela y evitar que la salida de Nicolás Maduro desemboque en una transición manejada por los mismos engranajes que sostuvieron al régimen chavista durante años.
Según informó el diario ABC, este movimiento quedó plasmado en un decreto ejecutivo fechado el 9 de enero, firmado sin anuncio público, que declara una emergencia nacional para impedir que los fondos procedentes de la venta de recursos venezolanos sean embargados, transferidos o sometidos a procesos judiciales. El decreto blinda esos recursos, los coloca bajo custodia de Estados Unidos y establece que solo podrán utilizarse bajo instrucciones determinadas por el secretario de Estado.
En la práctica, de acuerdo con la información publicada, Rubio se convierte en el árbitro de cómo se gastará cada dólar destinado a la transición venezolana, dejando a Delcy Rodríguez y al régimen sin control efectivo sobre las inversiones. El secretario de Estado tiene previsto acudir el día 28 al Capitolio para explicar en el Senado la política de la Administración hacia Venezuela y responder a preguntas de legisladores de ambos partidos.
El decreto describe los fondos como «propiedad soberana» de Venezuela, pero bajo una custodia externa estricta, atribuida políticamente a Rubio. No se presenta como una operación comercial, sino como una herramienta de política exterior para ejercer un control remoto sobre la dictadura. El Departamento del Tesoro deberá designar las cuentas de forma que quede claro que el dinero no pertenece a Estados Unidos, pero tampoco puede utilizarse sin autorización. La Administración lo plantea como una barrera técnica contra el desvío de recursos, una forma de mantener el control desde Washington mientras se administra una transición considerada frágil.
La Casa Blanca sostiene que Delcy Rodríguez no tendrá ninguna capacidad de decisión sobre esos fondos. «En ningún caso», afirman funcionarios consultados, una frase que funciona simultáneamente como garantía política para los republicanos en Washington y como advertencia hacia Caracas. Este decreto ejecutivo deja así a Rodríguez y al régimen sin control efectivo sobre las inversiones vinculadas a los ingresos del crudo.
La decisión se adopta en un contexto en el que Trump mantiene, en el plano visible, una relación de trabajo con Delcy Rodríguez para gestionar expedientes urgentes, como la coordinación migratoria, la liberación de presos y un marco mínimo para operaciones energéticas. De forma paralela, en el plano interno y reservado, la Casa Blanca intenta blindar cada paso para evitar que esa cooperación sea interpretada como indulgencia. El dinero procedente del crudo se presenta como la línea roja de esta estrategia.
La orden ejecutiva tiene un propósito doble: proteger los fondos del asedio de acreedores internacionales que han acumulado reclamaciones contra Venezuela a lo largo de los años e impedir que el dinero termine absorbido por el sistema de corrupción asociado al chavismo. En otra información relacionada, se detalla que Trump declaró una emergencia nacional para salvaguardar el petróleo venezolano frente a acreedores, bloqueando cualquier proceso judicial contra fondos en cuentas del Gobierno estadounidense derivados de las ventas de crudo venezolano.
El texto del decreto detalla el enfoque legal y práctico de la Casa Blanca al definir esos ingresos como propiedad de Venezuela que «será retenida en custodia por el gobierno de Estados Unidos… pendiente de disposición soberana para fines públicos, gubernamentales o diplomáticos determinados por el secretario de Estado». Este lenguaje técnico contrasta con las declaraciones públicas de Trump, que en reuniones con ejecutivos petroleros ha afirmado que su Administración está «entregando» o gestionando el crudo venezolano para abrir el país a compañías estadounidenses y recuperar inversión nacional.
En el Congreso, la reacción ha sido rápida, especialmente entre los republicanos de Florida, considerados la delegación más influyente en la política estadounidense hacia Venezuela y estrechamente conectada con el exilio venezolano. Estos legisladores han expresado escepticismo sobre el plan de vender petróleo venezolano mientras Delcy Rodríguez continúe en el poder. Trump contempla la venta de hasta 50 millones de barriles de crudo. Según el medio Semafor, la primera operación habría generado 500 millones de dólares, y Reuters informó de que una parte sustancial de esos fondos fue inyectada de vuelta en la economía venezolana.
Para los diputados de Florida, esa cifra es motivo de preocupación. Mario Díaz-Balart advirtió que Rodríguez no es solo una figura provisional, sino una persona con «un historial extensísimo de corrupción». «Ha hecho cosas horribles», afirmó, reflejando el temor de un sector republicano alineado con María Corina Machado, que sospecha que el chavismo podría conservar el control de la burocracia, los puertos, la cadena de mando y los circuitos financieros informales incluso tras la captura de Maduro.
María Elvira Salazar reclamó una supervisión permanente de los fondos, afirmando que «eso tiene que caer en manos americanas» y añadiendo: «Sabemos lo que esa gente hace con el dinero. No lo van a dar a los hospitales de Caracas». Carlos Giménez, por su parte, señaló que podría ser necesario destinar recursos al pago de salarios o a la compra de suministros para la población, pero subrayó que «no es para meterlo en el bolsillo del régimen».
Detrás de estas advertencias, los legisladores describen una sospecha estructural: que el chavismo, incluso descabezado tras la salida de Maduro, conserve los resortes fundamentales del poder y utilice los nuevos flujos de dinero como combustible para una continuidad encubierta. En este escenario, la orden ejecutiva y el rol reforzado de Marco Rubio se presentan como instrumentos para mantener un control institucional desde Washington sobre el uso de los recursos petroleros venezolanos durante el proceso de transición.
Trump ha defendido su estrategia energética como una vía para atraer a las grandes petroleras estadounidenses —como Chevron, Exxon o Conoco— a invertir miles de millones de dólares en infraestructura petrolera en Venezuela, con el objetivo de generar estabilidad política y económica que permita negocios sostenibles en un país con las mayores reservas de crudo del mundo, pese a los riesgos e incertidumbres del entorno. Según la Administración, el esquema de custodia y supervisión de los fondos busca equilibrar esa apertura económica con mecanismos de control que impidan que el dinero sea aprovechado por acreedores internacionales o por redes vinculadas al antiguo régimen.
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