La CIDH condena el exilio forzoso de González Urrutia y el hostigamiento a la embajada de Argentina en Caracas

Espiga Noticias
Publicada: septiembre 16, 2024

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido una enérgica condena por el exilio forzoso del candidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia y el reciente hostigamiento a la residencia oficial de la Embajada de Argentina en Caracas. La CIDH hace un llamado urgente al Estado venezolano para que ponga fin a la persecución política, respete los compromisos internacionales en materia de asilo diplomático y restaure el orden democrático.

Según informes oficiales, el 7 de septiembre, Edmundo González Urrutia abandonó Venezuela en busca de protección internacional en España. La dirigente opositora María Corina Machado confirmó que la salida del país no fue una decisión libre, sino una medida desesperada para salvaguardar su vida y libertad.

La CIDH ha documentado una serie de graves violaciones, incluyendo el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes estatales, detenciones arbitrarias, citaciones judiciales y órdenes de arresto sin base legal, así como la cancelación de pasaportes de opositores, periodistas y defensores de derechos humanos.

Además, el 6 de septiembre, la residencia oficial de la Embajada de Argentina en Caracas, que está bajo la custodia de Brasil desde el 1 de agosto, fue objeto de hostigamiento por parte de al menos 20 funcionarios armados. Estos agentes cortaron el suministro de electricidad y suspendieron el ingreso de alimentos durante al menos 24 horas.

Como órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA), la CIDH subraya la necesidad de que los Estados cumplan con sus obligaciones internacionales, incluidas las establecidas por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención de Asilo Diplomático.

En una democracia, ningún líder político debería verse obligado a asilarse en una embajada o abandonar su país para proteger sus derechos fundamentales. La CIDH reitera su llamado al Estado venezolano para respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, e instar al diálogo y la negociación como vías para resolver conflictos.