Rocío San Miguel lleva más de 7 meses de injusta detención

Espiga Noticias
Publicada: septiembre 16, 2024

Rocío San Miguel, defensora española de los derechos humanos, sigue en el centro de torturas conocido como El Helicoide tras más de siete meses de detención arbitraria en Venezuela. La destacada activista fue víctima de desaparición forzada desde el 9 de febrero, cuando se disponía a viajar con su hija Miranda. Su detención fue oficialmente reconocida la noche del 12 de febrero, cuando fue presentada ante el Tribunal 2.º Contra Terrorismo en Caracas, sin haber podido designar a sus abogados de confianza.

San Miguel enfrenta cargos graves de “Terrorismo” y “Traición a la patria”, acusaciones que surgieron en el contexto de su trabajo con la organización Control Ciudadano, donde se dedicaba a documentar, investigar e informar sobre temas de defensa, soberanía nacional y asuntos militares. La acusación ha sido criticada por la comunidad internacional y por organizaciones de derechos humanos que defienden el trabajo de San Miguel y denuncian el uso político de la justicia en su contra.

En un agravamiento de la situación, cinco de sus familiares también han sido afectados. Su hija Miranda San Miguel, su hermano Miguel San Miguel, su hermano Alberto San Miguel, el padre de su hija Víctor Díaz, y su exesposo Alejandro González, quien permanece detenido junto a Rocío, fueron inicialmente desaparecidos y luego detenidos. Cuatro de estos familiares han sido liberados bajo régimen de presentación, con prohibición de salir del país y restricciones sobre declaraciones públicas sobre el caso.

La detención de San Miguel ha sido marcada por violaciones graves del debido proceso. Durante más de 100 horas, su paradero fue desconocido y, al ser presentada en tribunales, no se le permitió designar a sus abogados de confianza, recibiendo en su lugar una defensa pública impuesta. Además, su hogar fue allanado sin que se proporcionaran garantías legales adecuadas.

La Misión de la ONU sobre Venezuela ha expresado su preocupación por el caso de Rocío San Miguel y ha destacado que la intimidación de familiares es un patrón recurrente en las prácticas del gobierno venezolano. La Misión también ha informado sobre otros casos similares que involucran a mujeres detenidas bajo acusaciones de conspiración contra el gobierno. 

Cortesía PROVEA