El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) denunció persecución y hostigamiento contra familiares de detenidos por motivos políticos venezolanos durante una vigilia realizada el jueves 5 de febrero en las afueras del centro de reclusión El Helicoide y en una concentración frente al Palacio de Justicia en Caracas. La organización responsabilizó al régimen y a sus organismos de seguridad por las intimidaciones y advirtió que las familias no abandonarán su protesta hasta que se garantice el respeto de los derechos humanos y la liberación de los detenidos.
Según Clippve, los hechos se iniciaron en horas de la mañana del jueves en el Palacio de Justicia, donde los familiares reportaron hostigamiento mientras se concentraban para exigir la libertad de sus allegados. En la tarde, las denuncias se trasladaron a las afueras de El Helicoide, donde las familias se mantienen en vigilia desde el 8 de enero, fecha en la que el gobierno encargado anunció un número importante de excarcelaciones.
En este punto, la organización señaló que dos hombres con uniformes de la empresa Yummy Rides se dedicaron a asediar y fotografiar a los manifestantes. De acuerdo con las familias, su presencia en el lugar tiene como único propósito exigir la libertad de sus seres queridos detenidos por motivos políticos.
Desde el comité se condenaron estos hechos y se exigió el cese inmediato de cualquier forma de intimidación, subrayando que se trata de familiares que reclaman justicia y respeto de los derechos humanos. La organización hizo responsables al régimen y a sus organismos de seguridad por lo que pueda ocurrir a las personas que participan en las protestas y vigilias.
Esta no es la primera vez que los manifestantes reportan acciones de este tipo. En los últimos días, diversas familias han denunciado repetidos actos de persecución y hostigamiento que atribuyen, según sus versiones, a organismos de inteligencia del Estado y cuerpos de seguridad. Voceros del comité señalan directamente al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y a otros cuerpos de seguridad por seguir a madres, abuelas y jóvenes que participan en las protestas.
“Hacemos responsables al régimen y a los funcionarios de lo que pueda ocurrirles a los familiares. El domingo fuimos perseguidos por efectivos motorizados y de inteligencia”, indicaron.
Las familias de los presos políticos mantienen su presencia constante en los alrededores de los centros de reclusión, pese al desgaste físico y emocional derivado de la vigilia prolongada. Aseguran que no abandonarán estos espacios hasta recibir una respuesta oficial que garantice el respeto de los derechos humanos y el retorno de los detenidos a sus hogares.
Organizaciones como Foro Penal registran de forma periódica la situación de los presos políticos en Venezuela. Según su boletín más reciente, con corte al 2 de febrero, la organización contabiliza 687 presos políticos en el país, de los cuales 600 son hombres y 87 son mujeres. Del total, 505 son civiles y 182 son militares.
Por su parte, el Ejecutivo venezolano sostiene que el país está “libre de presos políticos” y afirma que las personas catalogadas como tales se encuentran detenidas por la “comisión de terribles hechos punibles”. Esta versión ha sido ampliamente cuestionada por organizaciones de derechos humanos, que mantienen sus propios registros y señalamientos sobre la naturaleza política de estas detenciones.
El Nacional
