La administración de Estados Unidos ha elevado sus exigencias al gobierno interino de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez, al solicitar la entrega o procesamiento de nueve personas consideradas de alto interés, entre ellas Nicolás Maduro Guerra, conocido como “Nicolasito” e hijo del expresidente Nicolás Maduro. Esta demanda se presenta como parte de un ultimátum operativo que condiciona la normalización de relaciones bilaterales, el levantamiento de sanciones económicas y la cooperación en materia energética.
La lista transmitida por Washington incluye a funcionarios cercanos al chavismo, entre ellos exministros y empresarios vinculados con el entorno político de Caracas. De acuerdo con la posición estadounidense, la gestión de estos casos se ha convertido en un elemento central para avanzar hacia un diálogo más amplio entre ambos países.
Como parte de su propuesta, la Casa Blanca ha planteado la aplicación de un esquema jurídico descrito como “terreno gris”, cuyo objetivo sería permitir el traslado de estas personas fuera de Venezuela sin que dichos movimientos sean catalogados oficialmente como extradiciones. Este enfoque busca sortear las restricciones constitucionales venezolanas relacionadas con la extradición de nacionales, al tiempo que habilita mecanismos de cooperación judicial o política alternativos.
Las autoridades estadounidenses han señalado que este tipo de cooperación es considerado un requisito para avanzar en un proceso que abarcaría la eventual liberación de sanciones, la negociación de acuerdos petroleros y la exploración de posibles mecanismos de cooperación económica. En este contexto, la respuesta formal del gobierno venezolano a la solicitud aún no ha sido anunciada, lo que mantiene en suspenso el desarrollo de las conversaciones.
La exigencia se enmarca en un escenario de fuerte tensión entre Washington y Caracas, agravado por acontecimientos recientes que han impactado la relación bilateral, entre ellos el arresto del expresidente Nicolás Maduro durante una operación estadounidense en enero de 2026. Este hecho ha añadido nuevas complejidades a un vínculo ya marcado por disputas políticas, sanciones económicas y desacuerdos sobre la legitimidad de las autoridades venezolanas.
La demanda de entrega o procesamiento de altos jerarcas del antiguo gobierno chavista configura un nuevo capítulo en el conflicto diplomático entre ambos países. El desenlace de esta fase dependerá de la capacidad de las partes para alcanzar un entendimiento sobre los mecanismos legales y políticos que permitan gestionar la situación de los nueve señalados y, en función de ello, avanzar o no hacia una eventual redefinición de las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos.
El Nacional.-
