José María Balcázar asume la presidencia, marcando el séptimo cambio de jefe de Estado desde 2016 en el país andino.
Perú experimentó un nuevo cambio en su presidencia el 17 de febrero, cuando José Jerí, quien ocupaba el cargo de manera interina, fue destituido por el Congreso. Tras esta decisión, José María Balcázar, congresista de 83 años conocido por su apoyo al matrimonio infantil, asumió la jefatura de Estado, convirtiéndose en el séptimo presidente del país desde 2016.
Esta sucesión presidencial se inscribe en un patrón de inestabilidad política que ha caracterizado a Perú desde 2016, período en el cual ningún presidente ha logrado completar su mandato. El último jefe de Estado en finalizar su período fue Ollanta Humala, quien gobernó entre 2011 y 2016.
La destitución de Jerí se produjo en un contexto de cuestionamientos públicos, incluyendo reuniones con empresarios chinos y denuncias de violación, así como un deterioro en los indicadores de seguridad ciudadana, lo que contribuyó a una desaprobación del 60% según la encuestadora Ipsos. Aunque estas fueron las razones esgrimidas, la decisión del Congreso se enmarca en una estrategia política de los partidos de cara a las próximas elecciones.
La serie de cambios presidenciales desde 2016 incluye la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, la destitución de Martín Vizcarra mediante la figura de “vacancia presidencial”, la dimisión de Manuel Merino tras cinco días en el cargo, la transición liderada por Francisco Sagasti, la destitución de Pedro Castillo por intentar disolver el Congreso, y la vacancia de Dina Boluarte. Este patrón se facilita por la figura constitucional de la “vacancia por incapacidad moral permanente”, que permite al Congreso destituir al presidente con dos tercios de los votos. Este mecanismo, concebido para situaciones excepcionales, ha sido interpretado de manera amplia y utilizado como herramienta de presión política.
La recurrente inestabilidad política en Perú subraya una fragilidad institucional que impacta la continuidad de las políticas públicas y la capacidad del Estado para abordar desafíos como la inseguridad ciudadana y la informalidad económica. Expertos señalan la necesidad de una reforma política profunda que fortalezca el sistema de gobierno y los partidos, así como un compromiso de las élites políticas con la estabilidad democrática. En los próximos meses, el país se prepara para nuevas elecciones presidenciales y legislativas, en un contexto donde la estabilidad del sistema parece depender más del diseño institucional que de la figura presidencial.
El Nacional.-
