La ONG Foro Penal ha confirmado al menos 40 liberaciones de presos políticos en Venezuela desde la promulgación de la Ley de Amnistía el pasado jueves. La organización, que lidera la defensa legal de estos detenidos, informó este domingo sobre las excarcelaciones.
Gonzalo Himiob, director vicepresidente de Foro Penal, detalló en la plataforma X que se han verificado más de 40 casos de liberaciones en varias cárceles del país hasta este domingo a las 5:00 de la tarde. Por su parte, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) también indicó en X que familiares han reportado excarcelaciones en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) y las prisiones El Rodeo I y II, ubicadas en las afueras de Caracas.
Este domingo, la Cruz Roja Venezolana anunció que proporcionará atención y evaluaciones médicas a los liberados. En paralelo, familiares de más de 200 detenidos en la cárcel El Rodeo I iniciaron una huelga de hambre para exigir sus liberaciones, según reportó la agencia EFE.
Jorge Rodríguez, presidente de la ilegítima Asamblea Nacional, había asegurado el sábado que se estaban produciendo «cientos de liberaciones» a raíz de la Ley de Amnistía, sin ofrecer detalles específicos. Sin embargo, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), bloque político opositor, informó la noche del sábado haber confirmado solo 19 liberaciones. Foro Penal, por su parte, había verificado 16 casos hasta el mediodía del domingo.
La Ley de Amnistía, en teoría, abarca el período entre 1999 y 2026, pero especifica 13 coyunturas políticas desde 2002, excluyendo así arrestos de al menos 15 de los últimos 27 años y casos relacionados con operaciones militares, según reseña EFE. Foro Penal estimó el viernes que al menos 400 presos políticos podrían quedar fuera de esta normativa, mientras que la organización contabiliza más de 600 detenidos por motivos políticos que permanecen encarcelados.
El gobierno niega la existencia de presos políticos en Venezuela, afirmando que se trata de individuos que han cometido delitos, una postura que es rechazada por la PUD y diversas organizaciones no gubernamentales.
El Nacional.-
