Ex presos políticos con medidas cautelares se congregaron este martes en Caracas, frente al Palacio de Justicia, para denunciar demoras y trabas en la tramitación de solicitudes de la ley de amnistía, aprobada el viernes por la ilegítima Asamblea Nacional.
Carlos Julio Rojas, defensor de derechos humanos, explicó que las irregularidades incluyen extensas filas para presentar solicitudes y trabas administrativas en los tribunales, donde se les informó que no había despacho o una decisión «de arriba». Rojas cuestionó la necesidad de órdenes superiores para que el Poder Judicial actúe. Afirmó que la ley es una «conquista» de los presos políticos y solicitó el sobreseimiento de las causas políticas, proponiendo una comisión de la verdad con asesoría multilateral para asegurar que «amnistía no tiene que ser igual a impunidad».
Williams Dávila, exgobernador del estado Mérida liberado el 18 de julio, indicó que el proceso no se ajusta a la normativa. Resaltó que la ley es de «orden público y de interés general», por lo que no deben imponerse «formalismos inútiles». Dávila enfatizó que el sobreseimiento puede ser dictado de oficio por los tribunales y que la libertad «no es ningún regalo». También señaló que el derecho a la reparación no está contemplado en la ley, sugiriendo su revisión por la comisión de seguimiento.
El politólogo Nicmer Evans informó que su solicitud fue recibida por el Tribunal Primero de Terrorismo de Control, calificándola como «la vía expedita». Aclaró que la aceptación del documento no garantiza el beneficio, pero se espera una respuesta en 15 días. Evans instó a la comisión parlamentaria a ofrecer orientación en los tribunales, dado que algunos excarcelados desconocen el tribunal al que deben acudir o carecen de documentos que detallen sus condiciones penales.
La ley de amnistía fue promulgada el jueves, presentada como una iniciativa para la reconciliación nacional. Según datos de Jorge Rodríguez, presidente de la ilegítima Asamblea Nacional, más de 1.500 personas han solicitado el beneficio y miles con medidas cautelares podrían obtener libertad plena. No obstante, organizaciones de derechos humanos han alertado sobre la persistencia de retrasos, falta de claridad en los procedimientos y posibles exclusiones. Los excarcelados reiteraron la necesidad de una aplicación inmediata, transparente y sin requisitos adicionales no contemplados en la ley.
El Nacional.-
