La ley de amnistía en Venezuela progresa con lentitud, generando incertidumbre entre los familiares de presos políticos que buscan su aplicación en los tribunales. El proceso, coordinado por la Fiscalía, defensores públicos y jueces, fue concebido para resolverse en un plazo no mayor de 15 días.
Delcy Rodríguez, encargada interina de Venezuela, promovió esta medida como parte de un «nuevo momento político», tras la presión de Estados Unidos para la liberación de detenidos luego de la captura del ex dictador acusado de narcoterrorismo. La Fiscalía ha reportado cerca de 3.000 beneficiados. Por su parte, la ilegítima Asamblea Nacional indica que más de 2.000 personas con medidas cautelares han obtenido libertad plena y 177 han sido excarceladas. Sin embargo, ONG y partidos políticos solo han confirmado la excarcelación de 109 presos políticos.
La normativa establece en su artículo 7 que los interesados deben presentar una solicitud ante los tribunales, siendo la Fiscalía y los defensores públicos los encargados de estas peticiones. Gonzalo Himiob, director vicepresidente de la ONG Foro Penal, señaló a Efe que, aunque la ley debería ser de aplicación automática por su carácter de orden público, el proceso no lo es en la práctica.
La ilegítima Asamblea Nacional ha registrado más de 3.000 solicitudes y planea abarcar a más de 11.000 personas bajo medidas cautelares. Foro Penal ha expresado su preocupación por el hecho de que los mismos jueces que dictaron condenas sean quienes decidan sobre las liberaciones.
La ley abarca el período de 1999 a 2026, pero especifica solo 13 episodios, excluyendo otros casos y operaciones militares. Además, quedan fuera delitos como violación de derechos humanos, lesa humanidad, guerra, narcotráfico, corrupción y homicidio intencional, este último a veces imputado a presos políticos durante protestas. Según Foro Penal, Venezuela cuenta con más de 600 presos políticos, de los cuales más de 180 son militares.
ONG como Provea, Foro Penal y Justicia, Encuentro y Perdón han coincidido en que la normativa presenta un «injustificable exceso de exclusiones». No obstante, la ley creó una comisión especial, conformada por 12 diputados chavistas (incluyendo a Nicolás Maduro Guerra, hijo del ex dictador acusado de narcoterrorismo) y 9 opositores, para evaluar casos no especificados y potencialmente ampliar el alcance de la amnistía, aunque el protocolo para ello no está claro. La composición de la comisión ha generado dudas sobre su imparcialidad.
Mientras el proceso avanza, decenas de personas acuden al Palacio de Justicia en Caracas o buscan asesoría de ONG. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) ha denunciado que los tribunales a menudo se encuentran «sin despacho» o remiten a defensores públicos. Himiob advirtió en X que «ningún tribunal puede negarse» a recibir peticiones, dado que se trata de un asunto de «orden público».
El Nacional.-
