La abogada Soranib Hernández ha instado a la Unión Europea (UE) a confiscar activos de individuos presuntamente vinculados al gobierno del ex dictador acusado de narcoterrorismo, Nicolás Maduro, con el objetivo de establecer un fondo de apoyo para las víctimas del régimen.
La solicitud fue presentada este jueves ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, la cual ha decidido mantener abierta la causa y ha requerido a la Comisión Europea una respuesta escrita al respecto. La petición se fundamenta en la aplicación de la directiva 2024/1260, que aborda la recuperación y el decomiso de activos de personas físicas y jurídicas venezolanas presuntamente implicadas en graves violaciones de derechos.
Hernández solicitó específicamente que los Estados miembros de la UE activen mecanismos de confiscación de activos relacionados con blanqueo de capitales, terrorismo y crimen organizado transnacional, enfocándose en las 69 personas venezolanas ya sancionadas por la Unión. Asimismo, pidió la creación de oficinas de recuperación de activos en todos los Estados miembros, conforme a lo exigido por la directiva.
Adicionalmente, la jurista propuso que los bienes confiscados se destinen a fines sociales, aplicando justicia restaurativa en beneficio de los ciudadanos venezolanos y europeos afectados por violaciones de derechos humanos. También se solicitó la creación de un fondo fiduciario, gestionado por la Fiscalía Europea, para proteger y asistir a las víctimas del «saqueo sistemático venezolano», asegurando transparencia y trazabilidad.
En respuesta, un representante de la Comisión Europea indicó que las cuestiones planteadas recaen en gran medida en la competencia o discreción de los Estados miembros. Subrayó que la confiscación es responsabilidad de las autoridades judiciales nacionales y que, si bien existe la obligación de establecer oficinas de recuperación de activos, no hay un mandato para localizar sistemáticamente los activos de las personas en las listas de sanciones.
Respecto a la reutilización social de los activos, el funcionario comunitario alentó a los Estados miembros a adoptar medidas en este sentido, aunque aclaró que no existe una obligación legal de incorporarlas al Derecho nacional. Finalmente, señaló que actualmente no hay una base jurídica en el Derecho de la Unión para la creación de un fondo fiduciario como el propuesto.
