Este martes, la Misión de Establecimiento de los Hechos, creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, presentó un contundente informe en el que acusa al gobierno de Nicolás Maduro de cometer crímenes de lesa humanidad mediante una persecución sistemática por motivos políticos.
La Misión, presidida por la jurista portuguesa Marta Valiñas, subraya que las acciones represivas del aparato gubernamental no son “aisladas o aleatorias”, sino que forman parte de un plan “continuo y coordinado” para silenciar, desanimar y reprimir a la oposición pacífica y a aquellos que no se alinean con la retórica oficial del régimen.
“Estamos presenciando una intensificación del aparato represivo del Estado. Aunque esto es una continuación de patrones previos, la represión reciente, debido a su intensidad y carácter sistemático, representa un ataque muy grave a los derechos fundamentales del pueblo venezolano”, declaró Valiñas durante la rueda de prensa en Ginebra.
El informe, elaborado por la Misión junto con el abogado chileno Francisco Cox y la experta argentina en derechos humanos Patricia Tappatá, será presentado oficialmente al Consejo de Derechos Humanos de la ONU el próximo jueves. La Misión también cuenta con un equipo técnico especializado en derechos humanos.
La Misión señala que la crisis actual en Venezuela es “la peor de la historia reciente” y que se ha alcanzado un “nuevo hito en el deterioro del Estado de derecho” desde las elecciones presidenciales del 28 de julio. Según el informe, las autoridades públicas ya no intentan mantener la apariencia de independencia, dejando a la ciudadanía completamente indefensa frente a la arbitrariedad y la pérdida de garantías judiciales.
El informe abarca el periodo desde el 1 de septiembre de 2023 hasta el 31 de agosto de 2024, con una actualización que incluye los eventos previos y posteriores a las elecciones. Entre los casos documentados se encuentran 48 detenciones entre diciembre y marzo bajo el cargo de conspiración, así como órdenes de arresto contra activistas, periodistas, opositores políticos y, en algunos casos, militares.
Durante la campaña electoral en julio, se reportaron 120 detenciones, y después del escrutinio, otras 2,000 personas fueron arrestadas bajo acusaciones de terrorismo e incitación al odio, según datos de las propias autoridades. Entre los detenidos posteriores a las elecciones había al menos un centenar de menores de edad, algunos con discapacidades.
“La Misión ya había advertido que el gobierno podía activar su aparato represivo a voluntad, y eso es lo que estamos viendo ahora”, comentó Francisco Cox, destacando el clima de terror que afecta a la población.
El informe proporciona un panorama alarmante de la situación en Venezuela, evidenciando una violación sistemática de los derechos humanos y un ataque directo contra la oposición política y la sociedad civil.