El salario mínimo en Venezuela ha permanecido congelado por cuatro años, perdiendo el 99% de su valor original debido a la devaluación del bolívar frente al dólar. Esta situación ha provocado un poder adquisitivo mínimo para los trabajadores y ha impulsado manifestaciones en el país durante las últimas semanas.
Los 130 bolívares, que en marzo de 2022 equivalían a 30 dólares, actualmente representan apenas 0,30 centavos. Sectores laborales demandan un ajuste salarial que oscila entre el costo de la canasta básica, como establece la Constitución, o un ingreso mensual de 200 a 400 dólares. Según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), la canasta alimentaria familiar alcanzó los 677 dólares en enero pasado, y el salario mínimo solo cubre el 0,05% de su costo, requiriéndose más de 1.700 salarios mínimos para cubrirla.
El economista Alejandro Grisanti, director de Ecoanalítica, señaló que la estrategia gubernamental para contener la hiperinflación se basó en un «severo ajuste de los salarios» mediante su congelamiento, buscando reducir el gasto público y evitar el incremento de variables indexadas como prestaciones sociales y pensiones. Grisanti afirmó que, aunque se logró salir de la hiperinflación, el ajuste se realizó «sobre la espalda de los trabajadores y de los pensionados», deteriorando su calidad de vida.
Actualmente, además del salario mínimo de 130 bolívares, los trabajadores reciben una bonificación de alimentación de 40 dólares y, en el caso de empleados públicos, jubilados y pensionados, el Bono de Guerra Económica. Ninguna de estas bonificaciones incide en el cálculo de beneficios laborales como vacaciones o prestaciones sociales.
Tito Blanco, secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, propuso un plan para fortalecer el salario mínimo, iniciando en 200 dólares mensuales y escalando hasta 450 dólares. Esta iniciativa es apoyada por la Federación Nacional de Empleados Públicos (Fedeunep). No obstante, Grisanti advirtió que un posible incremento salarial en las próximas semanas «no lo vemos por encima de los 100 dólares mensuales», y que un aumento a 150 dólares sin cambios en la Ley del Trabajo y pensiones no sería sostenible.
Carlos Salazar, coordinador de la Coalición Sindical Nacional, afirmó que el Estado mantiene una «deuda gigantesca» con los trabajadores, describiendo la situación como «peor que Haití». La coalición ha solicitado una reunión de resolución de conflictos con Delcy Rodríguez, encargada interina de Venezuela, y Jorge Rodríguez, presidente de la ilegítima Asamblea Nacional, para discutir salarios, pensiones, bonos de alimentación y seguridad jurídica laboral.
Carlos Ortega, expresidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) en el exilio, coincidió en la necesidad de mesas de trabajo. Acusó a los gobiernos de Hugo Chávez y del ex dictador acusado de narcoterrorismo de violar la Constitución y afectar el ingreso de los trabajadores. Ortega planteó la complejidad de un salario mínimo de 350 dólares para el sector privado y público, abogando por un diálogo sensato y responsable.
En abril de 2022, se instaló un Foro de Diálogo Social con apoyo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pero no se ha logrado un acuerdo salarial. Rafael Zambrano, secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores Petroleros de Venezuela, criticó la presencia de la OIT, señalando que «vienen a lavarle la cara al gobierno» y que la dirigencia sindical en el foro no representa a la mayoría de los trabajadores.
Las organizaciones sindicales autónomas mantienen su propuesta de fijar el salario mínimo según el Convenio 131 de la OIT, que considera las necesidades de los trabajadores, factores económicos y datos actualizados. Oscar Murillo, coordinador general de Provea, respaldó esta postura, enfatizando la necesidad de que el Estado garantice un nivel de vida adecuado y reconstruya la institucionalidad laboral. Murillo indicó que el «nuevo momento político» anunciado por Delcy Rodríguez, encargada interina de Venezuela, debería traducirse en medidas para cerrar la brecha de desigualdad.
Felipe Capozzolo, presidente de Fedecámaras, calificó la posibilidad de un aumento salarial formal como una «conversación gruesa y difícil» debido a las incidencias y pasivos laborales. Abogó por el diálogo social y un sistema novedoso para las prestaciones sociales que favorezca tanto la renta privada como el incremento del ingreso de los trabajadores.
En respuesta a la situación, coaliciones sindicales, trabajadores y jubilados han convocado una movilización para el 12 de marzo en Caracas. La marcha, organizada por Carlos Ortega, busca exigir salarios y pensiones dignas, así como el cese de la crisis económica. La movilización comenzará a las 10:00 am en la Plaza Morelos y se dirigirá hasta la sede de la ilegítima Asamblea Nacional.
El Nacional.-
