La directora ejecutiva de Casla Institute solicita a la comunidad internacional exigir la liberación total o la ampliación de la normativa aprobada en febrero.
Tamara Sujú, directora ejecutiva de Casla Institute, solicitó el domingo la modificación de la Ley de Amnistía, aprobada en febrero por la ilegítima Asamblea Nacional, con el fin de que incluya a la totalidad de los presos políticos y no solo a un grupo seleccionado de detenidos.
Según Sujú, la ley actual fue diseñada para permitir al chavismo liberar presos políticos de forma discrecional. Casla Institute registra más de 700 personas documentadas que permanecen bajo custodia, además de otros casos no registrados.
La defensora de derechos humanos hizo un llamado a la comunidad internacional, instándolos a exigir la libertad de todos los presos políticos o, en su defecto, la modificación de la Ley de Amnistía para que abarque a todos los detenidos y perseguidos, calificándola como la «verdadera Ley de Amnistía» que debería existir en Venezuela.
Entre los casos específicos mencionados, Sujú se refirió a Orlando Laufer, de 70 años de edad, quien padece un tumor aracnoideo en la base del cerebro, adenocarcinoma de próstata y un aneurisma cerebral, y presenta pensamientos suicidas. Laufer, según la abogada, fue trasladado al Fuerte Guaicaipuro, en el estado Miranda.
Sujú responsabilizó a Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia, y a Julio García Zerpa, ministro de Asuntos Penitenciarios, por la situación. Afirmó que en el Fuerte Guaicaipuro se realizan procedimientos para ocultar signos de tortura y mejorar la apariencia física de los detenidos antes de una posible liberación.
Adicionalmente, la abogada denunció la reducción de la alimentación para los presos políticos en El Rodeo I, señalando que esta práctica contribuye al deterioro de su salud y constituye otra forma de tortura.
Sujú también destacó los casos de ciudadanos desaparecidos, como Hugo Marino Salas, Víctor Quero Navas y Alcedo Mora, así como de detenidos por razones políticas, entre ellos Miriam Fernández Ruiz, Merys Torres de Sequea, Ana Zoris Gutiérrez Torres y el general Ramón Antonio Lozada Saavedra.
Finalmente, la abogada criticó a Delcy Rodríguez, encargada interina de Venezuela, por mantener detenidas a personas de la tercera edad y por la falta de liberación de abogados, activistas de partidos políticos, jóvenes, civiles y militares.
