Once organizaciones no gubernamentales denunciaron que el proceso de designación del fiscal general de la República y del defensor del pueblo en Venezuela carece de garantías legales, al cuestionar la conformación del comité parlamentario encargado de evaluar las postulaciones para estos cargos.
De acuerdo con estas organizaciones, la Asamblea Nacional creó un Comité de Evaluación de Postulaciones integrado únicamente por diputados en ejercicio, en su mayoría pertenecientes al partido de gobierno, sin incluir representantes de distintos sectores de la sociedad, como establecen la Constitución y la ley.
Las ONG sostienen que la ausencia de participación de diversos sectores sociales en este comité contraviene los requisitos constitucionales y legales para la selección de las máximas autoridades del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. Según su denuncia, esta configuración del órgano evaluador afecta la autonomía e independencia de ambas instituciones.
En su pronunciamiento, las organizaciones llamaron a que el procedimiento de selección del fiscal general y del defensor del pueblo se ajuste a los estándares constitucionales e internacionales, y reclamaron un proceso transparente que garantice la pluralidad en la evaluación de las postulaciones. También advirtieron que la forma en que actualmente se desarrolla el proceso compromete las garantías institucionales que deben regir estos nombramientos.
El Nacional.-
