Falta de vínculos diplomáticos obstaculiza expulsión de miles de migrantes, principalmente venezolanos
El director del Servicio Nacional de Migraciones de Chile, Frank Sauerbaum, ha afirmado que el país está trabajando para restablecer relaciones con Venezuela, al menos a nivel consular, con el fin de concretar la deportación de miles de migrantes. Esta iniciativa busca superar el principal obstáculo que enfrenta Chile en materia migratoria: la ausencia de vínculos diplomáticos formales.
Sauerbaum explicó en una entrevista con Radio Duna que actualmente hay 37.000 personas en Chile listas para ser expulsadas, de las cuales más del 60% son de nacionalidad venezolana. Sin embargo, no pueden ser enviadas a su país de origen debido a la falta de canales formales que permitan la emisión de documentos de identidad y la autorización para el aterrizaje de vuelos.
El funcionario detalló que para ejecutar una expulsión no solo se requiere la autorización del país receptor para el aterrizaje de vuelos, sino también la emisión de documentación que certifique la identidad del migrante. En este contexto, el gobierno chileno ha sostenido contactos con Estados Unidos para buscar apoyo en gestiones diplomáticas con Caracas, esperando que Washington pueda desempeñar un rol clave en facilitar estas negociaciones.
Además, Sauerbaum indicó que Estados Unidos podría contribuir con herramientas tecnológicas para modernizar el sistema migratorio chileno, incluyendo el uso de inteligencia artificial para procesar casos y detectar posibles vínculos con el crimen organizado. Paralelamente, se están retomando gestiones con Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, países que sí han aceptado recibir a sus nacionales. Se anunció un vuelo chárter a Colombia para la segunda semana de abril, con alrededor de 60 personas.
El director advirtió que el número de personas en proceso de expulsión sigue en aumento, señalando que actualmente hay más de 85.000 casos en trámite. En paralelo, el gobierno chileno busca reforzar los controles internos para detectar a migrantes en situación irregular, coordinando fiscalizaciones conjuntas con la Policía de Investigaciones, la Dirección del Trabajo y el Servicio de Impuestos Internos.
Sauerbaum explicó que la Dirección del Trabajo no tiene facultades para fiscalizar la situación migratoria de las personas, lo que ha permitido que trabajadores irregulares permanezcan en el sistema laboral. Frente a esto, se intensificarán los controles y se exigirá a los empleadores verificar la situación migratoria de sus trabajadores, con el objetivo de desincentivar la llegada de inmigrantes irregulares y resolver el «principal tope administrativo» que representa la relación con Venezuela para avanzar en las expulsiones.
