La iniciativa surge en medio de acusaciones de narcotráfico y restricciones de financiación estatal en Estados Unidos.
La diputada chavista Tania Díaz propuso recientemente la realización de una «vaca» (colecta de dinero) para financiar la defensa legal del ex dictador acusado de narcoterrorismo y Cilia Flores, su esposa, en Estados Unidos. La propuesta fue planteada durante un evento político oficialista celebrado en la Plaza Bolívar de Caracas.
Según la legisladora, miembro de la ilegítima Asamblea Nacional, Estados Unidos impide que el Estado venezolano cubra los costos de la defensa del ex dictador acusado de narcoterrorismo en las cortes de Nueva York. Díaz indicó que el juez a cargo aún no ha desestimado las acusaciones presentadas por las autoridades estadounidenses contra el ex dictador acusado de narcoterrorismo.
La parlamentaria describió el proceso judicial en el extranjero como una “farsa” y sugirió que la defensa podría ser financiada por la ciudadanía o por abogados de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV). «El gobierno norteamericano no permite que el Estado venezolano pague los honorarios de la defensa del ex dictador acusado de narcoterrorismo… Claro que vamos a hacer una vaca y vamos a meterle dólares por ese buche», manifestó Díaz.
El ex dictador acusado de narcoterrorismo, por su parte, ha enviado comunicaciones al tribunal argumentando su derecho a que el «gobierno venezolano» asuma sus gastos legales.
En un desarrollo relacionado, The Wall Street Journal informó este lunes que Cilia Flores, a quien el medio describió como «primera dama de la narcodictadura», presuntamente dirigía una «dinastía criminal familiar» denominada «El Jardín de Flores». El periódico detalló que la esposa del ex dictador acusado de narcoterrorismo habría concedido rutas de narcotráfico a familiares cercanos, utilizando empresas estatales como PDVSA y la infraestructura del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar (Maiquetía), incluyendo el hangar presidencial, para el transporte de cargamentos de drogas, además de supuestamente ordenar asesinatos.
La propuesta de una colecta pública y los procedimientos legales en curso subrayan los desafíos financieros y judiciales que enfrentan el ex dictador acusado de narcoterrorismo y su esposa en Estados Unidos.
