Solicitud formal para proteger testigos y la integridad de la investigación contra ex dictador acusado de narcoterrorismo y su esposa.
La Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York solicitó formalmente este miércoles a la corte una orden de protección sobre el material probatorio en el caso contra el ex dictador acusado de narcoterrorismo y su esposa, Cilia Flores de Maduro. La petición se fundamenta en «riesgos significativos» para la seguridad de los testigos y la integridad de la investigación en curso.
En una carta dirigida al juez Alvin K. Hellerstein, la Fiscalía argumenta la necesidad de imponer restricciones estrictas sobre el «material de divulgación». Según el documento, las pruebas contienen información que podría identificar a testigos vulnerables a «intimidación u obstrucción», cuyas vidas y propiedades estarían en peligro sin estas medidas de protección.
El punto central de la preocupación fiscal radica en la intención de la defensa de compartir pruebas con otros cuatro acusados que se encuentran fuera del alcance de la justicia estadounidense. Estos incluyen a Diosdado Cabello, Ramón Rodríguez Chacín, Nicolás Maduro Guerra y Hector Rusthenford Guerrero Flores, alias «Niño Guerrero». La Fiscalía enfatizó que su preocupación no es la buena fe de los abogados defensores, sino la de los coacusados, señalando un «riesgo intolerable» de que utilicen la información para dañar a testigos o destruir pruebas.
La orden propuesta por la Fiscalía establece varios niveles de confidencialidad para los documentos que serán entregados a la defensa. El «material sellado» está destinado a información que identifica a testigos en riesgo y no puede publicarse en internet ni en medios de comunicación. Los documentos «solo para posesión del abogado» (APO) solo podrán ser vistos si el ex dictador acusado de narcoterrorismo y Flores están en presencia de sus abogados. Por último, el «material para ojos del abogado» (AEO) es información de seguridad crítica que no puede ser compartida ni siquiera con los propios acusados.
Esta no es la primera vez que la Fiscalía busca prohibir a los acusados compartir material probatorio con coacusados. Una solicitud similar fue presentada la semana pasada durante la segunda audiencia del caso en una corte de Nueva York. El juez Alvin Hellerstein, de 92 años, no emitió una decisión final sobre este asunto en esa ocasión, pero anotó que existe una diferencia entre «hablar» con el cliente y «compartir» información.
Anteriormente, el juez Hellerstein descartó desestimar los cargos por narcoterrorismo contra el ex dictador acusado de narcoterrorismo y su esposa, aunque cuestionó la vigencia de las sanciones que impiden a los acusados costear su defensa con fondos venezolanos. A pesar de estas consideraciones, el juez no ha tomado ninguna decisión final y ha prometido emitir un veredicto oficial pronto.
