La medida, que entrará en vigor en mayo, incrementa la tensión bilateral tras declaraciones sobre exvicepresidente Jorge Glas.
Ecuador anunció que elevará del 50% al 100% el arancel a las importaciones provenientes de Colombia a partir del mes de mayo. Esta medida, comunicada el jueves por el Ministerio de Producción ecuatoriano, intensifica las ya deterioradas relaciones diplomáticas entre ambos países.
La decisión se produce, según el Ministerio de Producción, tras constatar la «falta de implementación de medidas concretas y efectivas en materia de seguridad fronteriza por parte de Colombia». Ecuador argumenta que el impuesto es necesario para cubrir una inversión aproximada de 400 millones de dólares adicionales destinados a la seguridad de su frontera de 600 kilómetros, una zona donde operan grupos dedicados al narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de personas.
La crisis diplomática escaló previamente, cuando Ecuador llamó a consultas a su embajador en Bogotá después de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, calificara de «preso político» al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas. Desde febrero, ambos países mantienen una disputa arancelaria que ha afectado el comercio, la cooperación energética y el transporte de crudo. Colombia, por su parte, ha respondido con un arancel del 50% a las importaciones ecuatorianas y la suspensión de la venta de energía, lo que contribuyó a apagones en Ecuador durante 2024.
La canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, declaró el jueves a periodistas que las conversaciones para resolver la situación «han sido suspendidas (…) hasta encontrar el ambiente propicio». Jorge Glas, quien posee nacionalidad colombiana, fue vicepresidente de Ecuador entre 2013 y 2017 bajo la administración de Rafael Correa. Actualmente, enfrenta varias condenas, incluyendo una de 13 años, por delitos como cohecho, peculado y asociación ilícita, y se encuentra recluido desde noviembre en una cárcel de máxima seguridad.
La elevación de los aranceles busca, según el Ministerio de Producción, «reforzar la corresponsabilidad» en la lucha contra el narcotráfico en la frontera. La medida, efectiva a partir de mayo, profundiza la tensión bilateral sin que se vislumbre una solución inmediata a la disputa diplomática y comercial.
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